Cinco días antes, había velado a su hijo en el mismo cuarto. En una pausa que le permitieron las lágrimas, la tixtleca María Amadea de Jesús Tolentino expresó: “Mi hijo no era asesino, no era violador, nomás fue a una escuela de pobres”.

Aunque se disculpaba, la señora Tolentino expresaba mejor que nadie la tragedia que, a mediados de diciembre de 2011, se resumió así en estas páginas: “Frente a un dormitorio cuya reparación ha quedado a medias está un improvisado altar con la foto de Gabriel Echeverría de Jesús. En un edificio cercano, unas veladoras y un vaso que sirve de florero acompañan la fotografía de Jorge Alexis Herrera Pino.

“Los dos muchachos iban a ser licenciados en educación primaria y quedaron tendidos, con tiros en la cabeza y el cuello, disparados por la policía, en la Autopista del Sol el lunes pasado” (La Jornada, 18/12/11).

Ambos jóvenes cayeron, escribió el corresponsal Sergio Ocampo ese día, “por disparos de policías federales y estatales, así como agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de ese plantel (Ayotzinapa) que bloqueaba la Autopista del Sol México-Acapulco”.

El gobernador era Ángel Aguirre Rivero, entonces perredista.

En las protestas que siguieron a la agresión, al lado de los estudiantes marcharon egresados como Macario Cruz, quien a principios de 1998 fue a dar a la cárcel por tres meses tras dos violentos desalojos. El gobernador (interino) era entonces el mismo Aguirre, que militaba en el Partido Revolucionario Institucional. Y marchó también Ernesto Ramírez, quien 10 años atrás, en 1988, había visto morir al normalista campechano Juan Manuel Huikán, en la desviación que conduce a la escuela. Se le preguntó cuáles eran las demandas de antaño: “Las mismas, porque comíamos puros frijoles descompuestos”.

Los asesinatos de Jorge Alexis y Gabriel nunca fueron esclarecidos.

Dos años y nueve meses después, en septiembre de 2014, a 120 kilómetros de la casa de María Amadea de Jesús, tendría lugar en Ayotzinapa lo que el Centro Pro Juárez ha llamado “uno de los más emblemáticos episodios de violación de los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país”.

El gobernador era, de nuevo, Ángel Aguirre Rivero.

En diciembre de 2011, una de las marchas de protesta tuvo su primera parada frente al palacio de gobierno. Los muchachos estacionaron el autobús que menos de tres meses atrás les había entregado el gobernador Aguirre. Fueron a devolvérselo, con un detalle extra: pintura roja para simular sangre sobre el emblema del gobierno del estado. Lo dejaron con las llaves puestas y una manta: “Te lo cobraste con las vidas de dos estudiantes”.

Represión, una historia antigua

La represión contra las normales rurales es tan larga como su centenaria historia. Autoridades van y vienen, pasan décadas, y estas escuelas siguen siendo piedras en los zapatos de los gobernantes, sin importar su signo político.

En su tesis doctoral, la investigadora Mónica Naymich López Macedonio analizó la relación institucional entre la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y el Estado mexicano, entre 1935 y 1969.

En el Archivo General de la Nación, la historiadora encontró que las fichas, expedientes y versión pública sobre la organización de los normalistas está contenida en 31 volúmenes (10 mil 242 fojas): tal era el interés que la FECSM despertaba en la Dirección Federal de Seguridad, la policía política de la época.

Uno de los campeones de la represión fue Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó cerrar la mitad de los planteles porque los normalistas se sumaron al movimiento estudiantil de 1968. Las instituciones fueron clausuradas y los alumnos expulsados o enviados a otras entidades. En su lugar, cual sueño de Elba Esther Gordillo, abrieron escuelas técnicas, como ocurrió en Palmira, Morelos, donde suprimieron de manera fulminante una normal para mujeres que funcionaba en terrenos donados por el general Lázaro Cárdenas.

Sin internado no hay Normal rural

Cuando Jesús Murillo Karam fue gobernador de Hidalgo (1993-1998), hizo lo que pudo para cerrar la Normal de El Mexe, emblemática porque ahí estuvo durante años la sede de la FECSM. Murillo redujo la matrícula, además de recortar recursos y becas.

Su sucesor, Manuel Ángel Núñez Soto, apretó tuercas. En febrero de 2000 mandó centenares de granaderos, con el resultado de que pobladores del municipio de Tepatepec, donde se ubicaba el plantel, se sumaron a los estudiantes y sometieron a seis decenas de granaderos. Las fotografías de los policías amarrados en la plaza del pueblo fueron la nota del fallido desalojo.

El siguiente gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong, cumplió al fin el cometido y la Normal fue cerrada en 2008.

Los dos gobernadores hidalguenses que tuvieron un papel clave en el cierre de El Mexe, tras 82 años de existencia, no se pudieron desprender de sus líos con el normalismo rural. El caso Ayotzinapa hizo perder el brillo de “salvador de México” a Enrique Peña Nieto, y lo acompañaron en la debacle su secretario de Gobernación, Osorio Chong, y el procurador de la “verdad histórica”, Murillo Karam.

El actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, es también conocedor de El Mexe, pues fue secretario de Educación de Murillo Karam.

Poco antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, se preguntó a Fayad sobre la reapertura de El Mexe (promesa de campaña del mandatario electo). Con tiento, Fayad rechazó la idea de reabrir la escuela: “Él (López Obrador) tiene que saber las implicaciones de abrirla, saber si necesitamos más normales, porque ya hay cinco en Hidalgo. Tendrá que ser, creo, una nueva Normal, porque la otra desapareció”.

La escuela ha sido reabierta, pero sin el servicio de internado, una demanda que los normalistas no abandonan.

En otra latitud, un conflicto similar terminó con el cierre del internado de la Normal de Mactumac-tzá, Chiapas (2003). Actualmente la pensión funciona debido a que los estudiantes tomaron las instalaciones, pero sin autorización oficial.

A partir del cierre del internado, sostienen los profesores Rafael Burgos e Iván Alexis Pinto Díaz (doctor en educación y egresado de Mactumactzá), la escuela “fue perdiendo los signos que le daban identidad: su combatividad en la defensa del derecho a la educación, la formación académica e ideológica que la caracterizaba y las actividades deportivas y culturales que la distinguían”.

Pinto Díaz recuerda que en sus días de estudiante (1984-1990) no le tocó la represión de manera directa, pero sí armarse con un palo cuando se llegó a rumorar que entrarían las fuerzas policiacas: “Ya como docente de la misma escuela sí me tocó que me gasearan ahí mismo dentro de la escuela”.

Los casos de El Mexe y Mactumactzá ilustran, para Pinto Díaz, la larga historia de resistencia de los normalistas rurales frente a una política gubernamental que “desde los años 40 ha oscilado entre el abandono y los intentos de cerrarlas por completo”.

La llegada del gobierno de Rutilio Escandón (Morena) no significó un cambio en el trato a la Normal que se ubica en Tuxtla Gutiérrez. El 18 de mayo del año pasado, la policía chiapaneca apaleó y lanzó gases a los jóvenes, además de aprehender a 93 (74 mujeres y 19 hombres).