Monterrey, NL. La construcción del complejo inmobiliario Vía Zócalo en los barrios Antiguo y Santa Lucía, es el inicio de la destrucción del legado histórico, arquitectónico y cultural de Monterrey, advirtió Martha Ávalos Salazar, delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Nuevo León.

“De un golpe se abre la puerta a la especulación y al lucro de desarrolladores urbanos voraces, así como de políticos sin escrúpulos que pretenden cimentar una ciudad capital sin memoria y de futuro incierto”, recalcó la funcionaria, des-pués de que un juez de distrito otorgó un amparo para que continué dicha obra que había sido suspendida por el INAH en noviembre de 2021.

Vía Zócalo será un desarrollo comercial, de viviendas y oficinas constituido por dos torres de 39 niveles y una de 20; se establecerá en 11 predios que se fusionaron y que abarcan la manzana circundada por las calles Padre Mier, Mina, Matamoros y Naranjo, en pleno centro de Monterrey.

El juzgado primero de distrito en materia administrativa concedió el amparo 1348/21, promovido por un fideicomiso inmobiliario, luego de establecerse que el lugar donde se realiza el proyecto y los aledaños no son inmuebles históricos.

Martha Ávalos detalló que el fallo se basa en un dictamen pericial elaborado por la arquitecta Imelda Patricia Chapa Garza, según el cual en la zona referida no hay sitios catalogados como tal ante los Registros Públicos de la Propiedad estatal y federal.

Pedirán revisión del fallo

Sin embargo, aclaró, se solicitará una revisión de la resolución emitida porque en un otro diagnóstico realizado por el INAH se comprobó que existen colindantes históricos “y lo demostramos con datos de carácter científico, es decir, en términos arquitectónicos; también logramos fechar estos inmuebles y lo hicimos a través de catastro, haciendo una investigación muy amplia".

Patricia Chapa Garza estuvo bajo investigación por haber participado –en su calidad de directora de Control Urbano durante la administración municipal panista de Adalberto Madero (2006-2009) –en la entrega de la licencia de uso de suelo al Casino Royale, donde murieron 52 personas durante un incendio provocado por el crimen organizado el 25 de agosto de 2011.

También estuvo entre los funcionarios inhabilitados por el otorgamiento irregular de un permiso a un supermercado en el municipio de San Pedro Garza García, cuando el alcalde era Fernando Margáin Berlanga (1994-1997 y 2006-2009), quien pertenecía en ese entonces al Partido Acción Nacional.

La zona centro no soportará grandes edificaciones

Ávalos Salazar refirió que la zona centro de la ciudad no está preparada para soportar edificaciones de alto impacto; “la infraestructura de agua, luz, drenaje no están planeadas para estos grandes desarrollos”, reiteró.

Vía Zócalo, dijo, obtuvo permisos en septiembre de 2021, durante el gobierno municipal priísta de Adrián de la Garza Santos, quien permaneció como edil dos periodos consecutivos (2015-2018 y 2018-2021) e “incentivó mucho” este tipo de construcciones en el primer cuadro de la capital.

El argumento del ex alcalde, según la delegada del INAH, fue “que había muchas casas abandonadas, viejas, que daban mal aspecto, que eran guarida para vagabundos y delincuentes, pero lo que pasa es que ha habido un descuido durante años y ninguna intención de las autoridades municipales o estatales por rescatar la zona, que es muy bonita”.

Martha Ávalos explicó que la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León establece que hay áreas protegidas en la entidad y las cataloga en diferentes tipos, por ejemplo histórica, de belleza natural, pintoresca, entre otros.

En el caso de Barrio Antiguo, en Monterrey, fue decretado como parte del centro histórico en 2008, y Santa Lucía, además de “histórica” se identificó como área “pintoresca” en 1993, porque está el canal del mismo nombre.

Incluso, señaló, hay más lugares que cuentan con estas características “que no han sido decretados por cuestiones de carácter económico, algunas de ellos, y otros por falta de visión política, cultural y de identidad”, como la calzada Madero.

Añadió que el problema es que no hay políticas públicas, ni privadas para preservar este “importante” patrimonio, dejarlo como un legado de identidad y “ponerlo en valor cultural y económico”.

Y es que, puntualizó, “una casa, un inmueble antiguo, no necesariamente tiene que ser una pieza de museo, se puede poner en valor de otra forma, desde hoteles hasta cafeterías, viviendas; sin embargo, ha habido un gran menosprecio de nuestros gobernantes, nuestra clase política y económica por este conjunto de bienes. Dicen que afean la ciudad y por lo tanto llegan a la conclusión de que hay que demoler todo”.

Y esto, enfatizó la funcionaria, tiene varios problemas y el primero de ellos es que atenta contra un patrimonio que puede ser de un particular, pero también es de los regiomontanos, de los nuevoleoneses; no de los gobernantes, sino que forma parte de toda una tradición, un legado, de una identidad y no hay respeto por ello, ni ningún plan de recuperación.

“Expulsan a la gente y luego plantan estos grandes desarrollos, que no tienen manera de soportar los impactos ambientales, ni de infraestructura, ni sociales; no hay ningún estudio para ello”.

Muchos permisos irregulares

Ávalos Salazar manifestó que quien otorga los permisos de construcción es el municipio de Monterrey, concretamente la Secretaría de Desarrollo Urbano; por ello, aseguró, antes de terminar su gestión Adrián de la Garza autorizó “muchísimos” de éstos en el primer cuadro de Monterrey y en otras zonas, “la mayoría de ellos, irregulares”.

En Santa Lucía, ejemplificó, están los desarrollos House, Héroes del 47, El Vergel, Tower Inn; no obstante, “éstos son pequeños, en comparación a los que vienen”, como la Torre Rise de 456 metros de altura, la segunda más grande de México y Latinoamérica, ubicada entre las Avenidas Constitución e Hidalgo. En ésta última, dijo, el INAH no puede intervenir porque no hay zona histórica contigua.

“Lo que hacemos nosotros es autorizar o no los permisos, en algunos casos, porque nuestra facultad es esa, somos una institución normativa, que nos basamos en la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos entre el siglo XVI y XIX, solo podemos llegar a 1900.

“Esta ley la compartimos junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que tiene facultad de 1901 a la fecha, nosotros asumimos como enlace, podemos hacer inspecciones, dictámenes, pero finalmente quien resuelve es INBAL”, indicó.

La mayoría de los complejos son de uso mixto y en ellos un departamento de 35 metros cuesta 2 millones 500 mil pesos; “están destinados a la clase media alta, a los millennials que se ha venido creando una mentalidad de que el Barrio Antiguo y Santa Lucía hay que convertirlos en un Nueva York con grandes edificios”, manifestó Ávalos Salazar.

En el caso de Vía Zócalo, acusó, “hay desarrolladores detrás de un fideicomiso, uno de ellos es Genaro García de la Garza”, ex titular de la Oficina Ejecutiva de Adrián de la Garza.

“No vale para nada la Ley Federal, Ley de Patrimonio Cultural del Estado, los decretos de zona protegida, los reglamentos, la Ley de Desarrollo Urbano, lo único que cuenta aquí es la especulación financiera y hacer de Monterrey un gran botín (…) ahí está la ciudad que queremos, donde se busca expulsar a los pobres de todos lados para desarrollar un Nuevo York o Monte York”, ironizó.