La Ley Federal para la Remuneración de los Servidores Públicos, mediante la cual el presidente López Obrador se propuso desde el inicio de su mandato acabar con los ingresos millonarios de los altos mandos de la administración pública federal, ha recorrido un largo e intrincado camino.

Ha ido de una cámara a otra, debido, sobre todo, a la resistencia de miembros de los llamados organismos autónomos a disminuir sus percepciones.

En cuanto se promulgó, en noviembre de 2018, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y la Comisión Federal de Competencia Económica presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales. Recursos similares interpusieron PRI, PAN, PRD y MC.

La Corte invalidó parte de esa ley, por lo que el Presidente presentó una nueva iniciativa, aprobada por Morena en ambas cámaras, que también fue motivo de otra acción de inconstitucionalidad, a fin de impedir que las normas de austeridad en sueldos y prestaciones que rigen a servidores públicos –incluidos legisladores y miembros de paraestatales– se aplicaran también al INE y demás organismos autónomos.

El 14 de agosto de 2019, el Ejecutivo federal presentó una reforma para fijar desde la Carta Magna que los organismos autónomos deben regirse, igual que los servidores públicos, por las leyes de sueldos y prestaciones que establecen que “no deben rebasar el límite de la remuneración establecida para el Presidente de la República”.

La iniciativa fue dictaminada en la Cámara de Diputados, junto con otras propuestas de Morena y del PRI, y aprobada en octubre de ese año. Se turnó al Senado, donde se aprobó en comisiones el 5 de diciembre. Quedó en primera lectura, pero la pandemia de covid obligó a que se pospusiera el debate, y luego el bloque opositor pidió más tiempo para analizarla, por lo que el 20 de febrero del 2020 fue retirada del pleno y regresada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, comentó que ese es uno de los temas prioritarios para su grupo que se deben desahogar en el próximo periodo de sesiones de septiembre. Priístas y panistas insisten en proteger los salarios millonarios de los consejeros del INE y el personal de los demás órganos autónomos, y como se requiere mayoría calificada por ser un cambio constitucional, es posible que la frenen. Aducen que se violenta su autonomía.

Sin embargo, en esa reforma a los artículos 116 y 127 constitucionales, se establece que si bien no son órganos no subordinados al Poder Ejecutivo, “su autonomía de ninguna manera puede ser entendida como soberanía, ya que únicamente se refiere a la distribución de competencias en materias específicas.”

En otras palabras, ni el INE ni los demás órganos autónomos son soberanos, “en tanto que no son absolutos ni se encuentran separados o por encima de los poderes ya constituidos”.