Con el fin de informar qué se hizo durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello (2014-2023), el Instituto Nacional Electoral (INE) gastará 11.6 millones de pesos, con el argumento de que es necesario elaborar un reporte externo e integral para la transición de mando en la institución.

Durante la sesión de la Junta General Ejecutiva del INE, el titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, manifestó su oposición a que un organismo con una nómina de casi 18 mil trabajadores, 800 de ellos adscritos a las áreas de administración, deba contratar despachos para hacer un documento, y por ello erogar 13 millones de pesos, según la cifra que citó el auditor.

Además, indicó, no existe fundamento legal para autorizar recursos para ese proyecto, tomando en consideración toda la estructura orgánica y ocupacional disponible, por lo que –alertó– existe la posibilidad de que infrinjan disposiciones presupuestales y administrativas, en específico por la eventual duplicidad de funciones.

Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, presentó lo que parecía un asunto de trámite para autorizar a la Dirección Ejecutiva de Administración la creación del “nuevo proyecto denominado ‘Informe de Gestión y Rendición de Cuentas’”. Sin embargo, la discusión se prolongó una hora.

La directora de Administración, Ana Laura Martínez de Lara, justificó la realización del proyecto, como vía para generar una memoria institucional y facilitar la transición.

Carlos Alberto Ferrer Silva, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, dijo que entre las virtudes del informe, que será elaborado mayoritariamente por despachos, se rompería con la posible “ceguera de taller”, esto es, acudir a consultorías para tener una visión independiente, “imparcial desde fuera” y no distraer los recursos humanos del instituto.

En el mismo sentido se manifestó Miguel Ángel Patiño Arroyo, de la dirección de Vinculación con los Órganos Políticos Locales Electorales, entre otros directivos, al indicar que se requiere una asesoría externa a fin de “no caer en la autocomplacencia”. Además, señalaron que los poco más de 11 millones es poco comparado con el recurso general asignado al instituto durante nueve años.

Sergio Bernal, director de Organización Electoral, indicó que una buena opción, como propuso el contralor, es que se anexe el estudio de mercado con base en el cual se justificaría el gasto de más de 11 millones de pesos.

George Zamora (abogado, designado por la Cámara de Diputados, para el periodo 2019-2025) dejó en claro que no se opone a la transparencia y rendición de cuentas, pero bastaría con recopilar y sistematizar la información ya disponible.

“Lo que deberían poner atención las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva es si para esta actividad, para realizar este informe, se requiere erogar recursos en cantidad de 13 millones de pesos y contratar asesoría y consultoría o personal adicional al que ya tiene la institución”, subrayó.

También advirtió en que el citado reporte nunca fue programado para 2022, “y existen claramente otras necesidades institucionales más apremiantes y con mayor prioridad ante la restricción presupuestal que existe en la institución”.

Al final, el acuerdo fue aprobado por unanimidad, con los votos de los principales directivos del INE.

Por otro lado, Córdova indicó que el INE ha documentado irregularidades por casi 100 millones del extinto partido Fuerza por México, pero no ha podido notificar a los presuntos responsables de los desfalcos, posiblemente porque se esconden.

“Lo que me preocupa, y lo digo con mucha franqueza, es que estemos frente a una estrategia para tratar de eludir el cumplimiento de las normas: sabes que te van a notificar y pues te la pasas escondiéndote”, señaló en entrevista.

En la indagatoria están involucrados los dirigentes del partido, encabezado entonces por Gerardo Isla y su secretario de Administración, Pablo Enrique Gutiérrez. También está en la mira la ex secretaria general Alma Lucía Arzaluz.

"Esto lo está definiendo la Unidad de Fiscalización que tiene autonomía; claro, nos tiene que dar (informes) de sus investigaciones, pero es una suma que ya anda rondando, por distintos conceptos, pues muchas decenas de millones de pesos, casi 100 millones", dijo.