Ciudad de México. A casi seis años de su firma, los Acuerdos de Paz en Colombia no se han podido llevar a la práctica, en gran medida porque la óptica prohibicionista del gobierno de Estados Unidos sigue imposibilitando la regulación de sustancias ilícitas --en particular la cocaína--, lo cual perpetúa la criminalización de productores y consumidores.

Así lo indicaron académicos expertos en el tema, quienes alertaron que la espiral de violencia que genera la ilegalización de las drogas y la lucha de los grupos criminales por las rutas de trasiego continuará generando asesinatos, desapariciones y desplazamientos de comunidades enteras, tanto en Colombia como en México.

Durante un foro virtual sobre el tema, Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia Colombiana, señaló que de acuerdo con un informe reciente sobre el tema, desde la firma de los Acuerdos en 2016 y hasta la fecha han sido asesinados unas 160 líderes y activistas sociales, además de que siguen ocurriendo desplazamientos masivos en la zona de conflicto.

Lo anterior, dijo la experta, forma parte de un clima de violencia que se debe a que el gobierno de Iván Duque sigue persiguiendo a los campesinos productores de hoja de coca, pues su administración sigue pensando que se puede terminar con la existencia de las drogas, en vez de plantearse su regulación.

“Las cosas no van a cambiar si Colombia no da el primer paso de convivir con la coca y la cocaína y regular pacíficamente el mercado. Lo importante no es cuántas hectáreas hay (de coca), sino cómo reducir las violencias en esos territorios y acabar con los homicidios, las desapariciones y los despojos de tierra”, consideró.

Por su parte, Eduardo Correa, maestro e investigador en el Posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lamentó que la regulación de algunas sustancias que hoy se consideran ilícitas es una labor muy difícil de alcanzar, debido a que el gobierno de Estados Unidos no piensa abandonar su estrategia prohibicionista.

Lo anterior, dijo, es uno de los principales elementos que provocan la continuación de la violencia tanto en Colombia como en México, a través de grupos armados que luchan por el control de las rutas de tráfico de drogas, pero también trabajan para empresas legalmente establecidas a las que les interesa despojar a comunidades de sus tierras para quedarse con sus riquezas naturales.