Quito. El Consejo de la Judicatura, el organismo rector del Poder Judicial de Ecuador, suspendió ayer al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, alegando que cometió faltas graves aparentemente porque demoró el pedido de extradición del ex presidente Rafael Correa (2007-2017).
En un breve tuit, el pleno de ese organismo dijo que “dicta medida preventiva de suspensión de 90 días... por presunta infracción gravísima de manifiesta negligencia señalada, tras denuncia relacionada con supuesto retardo en tramitación de un caso de extradición”.
Saquicela llegó a ese cargo en febrero de 2021, pero desde entonces no ha realizado el pedido formal de extradición de Correa pese a que el ex mandatario tiene una condena firme a ocho años de cárcel por corrupción.
El ex mandatario vive en Bélgica desde poco después de dejar el poder, a mediados de mayo de 2017, junto a su esposa Anne Malherbe, oriunda de ese país.
“Se trata de una resolución inmotivada, es una resolución que vulnera derechos constitucionales, es ilegal e ilegítima", manifestó Saquicela en su primera reacción en declaraciones a la red de televisión Teleamazonas.
Añadió que esta suspensión ocasionará un nuevo retraso en el pedido de extradición y reprochó que la suspensión se haya tramitado tan rápidamente aplicando la máxima sanción, 90 días.
No está claro quién será el remplazo de Saquicela, a quien los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia apoyaron públicamente. A mediados de abril Correa fue aceptado como asilado en Bélgica y se da por descontado que cualquier pedido de extradición será rechazado.
En tanto, Jorge Glas, ex vicepresidente de Correa, fue detenido ayer luego de que la justicia revocara un privilegio a su favor y ordenara su regreso a la prisión donde cumplía una condena por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La policía lo detuvo en un exclusivo barrio de la ciudad portuaria de Guayaquil, dando cumplimiento a la orden del Tribunal Provincial de Santa Elena, que revocó la decisión de liberarlo impartida por un juez de una pequeña localidad costera hace 40 días, aunque tenía pendiente el cumplimiento de dos condenas de cárcel por corrupción.
La Corte además dispuso la “inmediata localización, captura y traslado” del ex vicepresidente, de 52 años, a la cárcel de la andina provincia de Cotopaxi, en el centro del país, donde pagaba una pena de seis años de prisión por recibir coimas de Odebrecht..
