La Fiscalía General de la República (FGR) fracasó en su intento de llevar a juicio a cuatro litigantes relacionados con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, por presuntamente haber extorsionado al abogado Juan Collado Mocello y obtenido de él 10 millones de pesos, millón y medio de dólares y pretender que vendiera sus propiedades y la empresa Libertad Servicios Financieros a cambio de su libertad.

Tras una audiencia que duró 23 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que el Ministerio Público Federal incurrió en violaciones graves a los derechos humanos, falseó pruebas, lanzó amenazas veladas y no acreditó la comisión de los delitos de extorsión agravada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencias de Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez y Julio Scherer, aunque no ha judicializado ninguna indagatoria contra el ex funcionario.

Delgadillo Padierna ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue a Collado y a los fiscales por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de los cuatro litigantes y el ex consejero.

Desde el inicio de la audiencia, realizada en el Reclusorio Sur, el fiscal Manuel Granados Quiroz se lanzó a la ofensiva, al considerar “inadmisible” que entre los defensores de los investigados hubiera litigantes que posteriormente podrían convertirse en coacusados de la extorsión a Collado.

Detalló que al inicio de esta administración, Alejandro Robledo Carretero fue designado por Scherer subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Diego Madrazo Labardini trabaja en el mismo despacho que los cuatro abogados investigados; Agustín Acosta fue socio de Scherer y en su oficina recibió el oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera que se utilizó para extorsionar a Collado y con el cual el grupo de imputados supuestamente obtuvo 10 millones de pesos.

Dos datos que los integrantes de la FGR expusieron en los pasillos, pero no en la sala, son que Agustín Acosta fue defensor y logró la liberación de René Bejarano, esposo de la ex diputada Dolores Padierna, cuando se le enjuició por recibir dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, como parte del videoescándalo de 2004. Y el juez Delgadillo Padierna es sobrino de Dolores Padierna.

La FGR expuso las 74 pruebas de cargo acumuladas desde octubre de 2021 contra los investigados y acusó que junto con Scherer integraron una sociedad para “delinquir de noviembre de 2018 a julio de 2021” y extorsionar a Collado, quien a lo largo de su carrera ha defendido a los ex presidente Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Collado está preso desde agosto de 2019 y enfrenta varios procesos penales, entre ellos uno por lavado de dinero y crimen organizado.

Durante la audiencia, los fiscales señalaron que los cuatro abogados imputados advirtieron a Collado y sus familiares que Scherer, como consejero jurídico, “tendría el control de todo el aparato de justicia, y que si no cumplía con la entrega de recursos (de la extorsión) tendría problemas”, que el único camino para salir de la cárcel era vender a Grupo Afirme la Caja Libertad”.

Los imputados y sus defensores cuestionaron las pruebas de la FGR y pidieron que se declararan irrelevantes, entre ellas las declaraciones fiscales de 2019 y 2020 presentadas por César Omar González, quien declaró 5 millones 513 mil 215 pesos; Juan Antonio Araujo, cero pesos; David Gómez Arnau, representante de Afirme, cero declaraciones, e Israel Pérez, 18 millones 975 mil 825 pesos.

Durante sus intervenciones, el litigante Juan Araujo y su socio Daniel Carrancá de la Mora –sobrino de Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Corte–, defendieron a Scherer de los señalamientos de la FGR: “no hay un solo dato que vincule al ex consejero jurídico; Collado está desesperado”.

En su veredicto, Delgadillo Padierna dijo que a Scherer “se le imputó ficticiamente con hechos atribuidos a otros, con lo que la FGR violó susderechos de defensa y presunción de inocencia. Primero debieron acreditar la conducta que supuestamente cometió para imputar a los demás”.

En cuanto a la acusación de tráfico de influencias, determinó que “el fiscal hizo señalamientos incongruentes y transgredió la aplicación de la ley”; agregó que Scherer no incurrió en dicha práctica; respecto a la operación con recursos de procedencia ilícita, consideró “inverosímil la versión de la FGR”, y tampoco cometieron asociación delictuosa. Consideró que la fiscalía se condujo “con mala fe y mala intención; si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”.

Al concluir la audiencia, los investigados celebraron dentro del juzgado y al salir del centro de justicia federal, se abrazaron y se tomaron la foto del recuerdo.