En un mes y un día se cumplirán dos años de la masacre de quince indígenas ikoots en Huazantlán del Río, población de San Mateo del Mar, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec. El 21 de junio de 2020 esas quince personas fueron detenidas, torturadas, lapidadas, heridas con arma de fuego y quemadas vivas por una turba de entre 150 y 300 personas, según las denuncias presentadas por 16 sobrevivientes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación DDGGH/125/22, relata que recibió “una queja en la que se denunció que, el 21 de junio de 2020, varias personas originarias de San Mateo del Mar, que previamente tomaron las instalaciones de la Agencia Municipal, habían sido linchadas por habitantes de Huazantlán del Río; haciendo énfasis en que integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, presentes al momento de los hechos, no intervinieron.

“La investigación realizada por personal de esta Comisión Nacional determinó la existencia de situaciones previas que influyeron y detonaron los hechos de violencia, entre ellas conflictos político-electorales entre habitantes de ambos municipios y el encarcelamiento de cinco mujeres por ejercer su derecho al voto. Por ejemplo, el 2 de mayo de ese año y con el pretexto de instalar un filtro sanitario para contener contagios de covid-19, autoridades de Huazantlán del Río ubicaron un retén que controlaba y restringía el acceso no sólo a esa comunidad, sino a toda la región”.

Sin embargo, y a pesar de diligencias judiciales y el encarcelamiento de un par de imputados, resulta clamorosa la virtual ausencia de castigos, todo ello explicado en su contexto histórico, administrativo y político, más el espeluznante relato en sí de los hechos delictivos, en un libro firmado con seudónimo: Operación San Mateo del Mar: crónica de una masacre. Y, también, la crónica de la impunidad institucionalizada y discriminatoria, agrega este tecleador.

Está contemplada para el próximo domingo, en segunda convocatoria, una asamblea ejidal en La Pila, una delegación del municipio de la capital de San Luis Potosí donde un grupo de empresarios pretende convertir mil 888 hectáreas de tierras comunales en particulares para construir un parque logístico, justamente a un lado de la actual zona industrial capitalina.

Es fuerte la presión monetaria, mediática y física para que los ejidatarios resistentes cedan sus derechos, ante lo cual han enviado una carta al presidente López Obrador en la que expresan: “El antecedente fue la asamblea del 18 de noviembre de 2018, realizada a la medida y el tamaño de los intereses de los poderosos, para normalizar el despojo y la asignación de tierras a los ricos. Desconocimiento de derechos, asignación ilegal de tierras, todo para hacer ejidatarios y posesionarios a los empresarios”.

Según los denunciantes, el representante estatal de la Procuraduría Agraria, Ernesto Rendón Aguilar, ha sido un “peón” de los intereses empresariales, lo cual se ha hecho saber a Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, titular nacional de esa procuraduría, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El territorio ambicionado por los empresarios no está incluido en el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito (inicia donde termina ésta), pero es una superficie destinada a preservación y desarrollo sustentable, según el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2012. Ya se verá este domingo si el poder de los empresarios avanza o es detenido a partir de las evidentes irregularidades que se han cometido.

Y, mientras la mayoría panista en el congreso de Querétaro ha aprobado con extrema rapidez, en comisión y en el pleno, la privatización del agua mediante concesiones para la prestación y administración del servicio y la infraestructura hídrica, lo cual favorecerá al sector inmobiliario mediante la legalización de concesiones ilegales actuales, ¡hasta el próximo lunes!

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