Este 20 de mayo el Presidente de la República inicia otra gira por el norte del país, la tercera en tres años, si mal no recuerdo. En esa fecha, al mediodía se reunirá, en el municipio de Álamos, con el pueblo guarijío y por la tarde, en Etchojoa, con el mayo; en ambos casos presentará sendos planes de justicia, como lo hizo en septiembre pasado con la tribu yaqui, con la que también se reunirá el 21 de mayo, en el municipio de Cajeme, seguramente para evaluar los avances de su plan; el 22, antes de regresar a la Ciudad de México, tendrá reunión con en Pitiquito, Sonora, con integrantes del pueblo seri. Como en las anteriores giras al norte, Sonora y sus pueblos indígenas son el centro de su atención para mostrar su trato con ellos, a través de planes de desarrollo con aquellos que muestran apoyo a sus postulados, porque a sus críticos ahora los ha ignorado.
En esta ocasión, sin embargo, hay un tema de singular importancia. El derecho de los pueblos de la tribu yaqui al agua. Desde hace días está circulando entre ellos, “para su análisis”, una propuesta de título de derechos de agua bastante interesante, formulada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua. En ella se reconoce el derecho de la tribu yaqui a disponer hasta de la mitad del agua del río Yaqui, como lo firmó el presidente Lázaro Cárdenas en 1937; lo interesante es que se propone extenderles un título que ampare ese derecho de manera permanente y se asiente en el Registro Público de Derechos del Agua para que sea oponible a terceros. Las aguas que así se reconozcan podrán ser usadas libremente por los yaquis conforme a sus leyes internas o sistemas normativos.
Lo interesante de la propuesta no es que se reconozca el derecho al agua, que ese ya existe desde hace décadas, sino que se busque una manera de hacerlo operativo, incluso dentro de la Ley de Aguas Nacionales, de orientación neoliberal. Desde una óptica burocrática estatal, por décadas se ha asumido que los particulares sólo pueden acceder al uso y disfrute del agua, que es propiedad de la nación, mediante concesiones, asignaciones o permisos, si se trata de entes públicos. Con conocimiento de causa o sin él se ha ignorado lo dispuesto en el artículo 9, fracción VII, de la actual Ley de Aguas Nacionales, el cual faculta a la Comisión Nacional del Agua para “expedir los títulos de concesión, asignación o permiso a que se refiere la presente ley, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua”.
Este es un asunto muy importante para la lucha por los derechos relacionados con el agua. Como he escrito en otros espacios y tiempos (https://bit.ly/3G630Vo), en los primeros años posteriores a la aprobación del actual artículo 27 constitucional, se consideraba que los pueblos indígenas tenían preferencia sobre los particulares en el acceso al agua. Eso se reconoció en resoluciones presidenciales restitutorias o dotatorias de tierras donde se incluyó el agua. En los casos que esto sucedió (como es el caso de la tribu yaqui y de otros ejidos y comunidades agrarias) ese es el fundamento para obtener el título de derechos sobre el agua. En el caso de que los pueblos indígenas, aun cuando no se les haya reconocido ese derecho, pueden acudir al derecho internacional para reclamar que les otorguen el título y no habría razón para que se los nieguen.
Esa es la importancia de la propuesta que la Semarnat y la Conagua han presentado a la tribu yaqui. Cierto, la propuesta no resuelve el problema, sólo abre camino para que se haga. Queda pendiente el problema de saber cuánta agua se capta en las tres presas construidas sobre el cauce del río Yaqui, aspecto este donde la Conagua ha mostrado incapacidad para las mediciones y ha dejado que los particulares, que se benefician de ella, realicen esa actividad. Queda también el problema de las 126 concesiones otorgadas por esa institución a particulares, sobre aguas superficiales y 2 mil 362 sobre aguas subterráneas, mismas que, como ya expliqué en este mismo espacio (26 de agosto de 2021) amparan, en el primer caso 182.05 hectómetros cúbicos y 382.16 en el segundo, donde figuran como beneficiarios prominentes figuras de la política estatal y nacional, junto con poderosos e influyentes empresarios.
De los planes de justicia para guarijíos, mayos y seris mejor hay que esperar a ver la propuesta. En el caso de la tribu yaqui ha resultado una conjunción de proyectos de los que ya existen para toda la población, que no han suscitado mayor interés porque dejan de lado sus problemas más sensibles. Y todos los tienen: parte de los guarijíos quedaron aislados por el embalse de la presa Bicentenario que el actual gobierno puso en marcha y los mayos luchan contra la instalación de una planta de fertilizantes en Topolobampo, problemas que difícilmente veremos en los mencionados planes.
