Chihuahua, Chih., La bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chihuahua aprobó este jueves, con el voto en contra de los 10 diputados de Morena, una reforma a la Constitución estatal que elimina los concursos de oposición para el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y excluye al Consejo de la Judicatura local de participar en esas designaciones.

La fracción panista sumó el apoyo de cinco legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de Movimiento Ciudadano y de la diputada del Partido del Trabajo (PT) Deyanira Ozaeta Díaz, con lo que alcanzó dos tercios de los integrantes del Congreso (22 de 33 votos) necesarios para reformar la Constitución chihuahuense.

Los morenistas ocuparon la tribuna antes de la votación y colocaron pancartas con los mensajes: “No al golpe de Estado en el Poder Judicial” y “no al retorno del duartismo”, en alusión al sexenio del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016). Según el legislador Óscar Castrejón Rivas, “es claro que impulsan a magistrados que fueron impuestos en 2015 por el ex gobernador”.

Los panistas defendieron que las ternas de aspirantes a magistrados ya no sean conformadas vía concurso, sino definidas por una comisión especial con representantes del Poder Ejecutivo, del presidente del Poder Judicial y de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

Dicha comisión enviará al Congreso dos ternas de aspirantes, una de ellas integrada únicamente con personas que presten sus servicios en el Poder Judicial y la otra con aspirantes externos.

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena, acusó al PAN de violentar acuerdos legislativos y de evitar que la aprobación del dictamen fuera negociada. “Hemos tenido la intención de sumarnos a lo que consideramos propuestas correctas para la gobernabilidad del estado, pero hay temas que no pueden transitar, como la reforma judicial”, comentó.

Asimismo consideró que “los exámenes de oposición deben seguir y deben ser públicos, para que todos podamos conocer la capacidad de quienes tendrán en sus manos decisiones muy trascendentes”.

Los diputados de Morena llamaron incongruente a la petista Deyanira Ozaeta, porque votó a favor de la reforma constitucional del blanquiazul, aunque firmó una iniciativa presentada ante el pleno del Congreso que proponía mantener los concursos de oposición y garantizar la equidad de género al nombrar magistrados.

En tanto, la administración estatal, que encabeza la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, dio a conocer que luego de seis años de litigios, cinco de ellos durante el periodo del ex gobernador Javier Corral Jurado –también emanado del PAN–, pagará 513 millones de pesos a las empresas que edificaron la Ciudad Judicial de la ciudad de Chihuahua, donde se encuentran los juzgados estatales, a las que se acusó de entregar la obra en malas condiciones.

“Se logró una disminución de aproximadamente 150 millones de pesos del monto al que fue condenado el Estado, y se pactó cubrir la cantidad resultante de 513 millones de pesos en un plazo de tres años, sin que se generen intereses”, informó en un comunicado.