El pasado 11 de mayo el Servicio Jesuita al Migrante en México presentó el Informe sobre desaparición de personas migrantes en México. Se trata de un documento que expone cifras, hallazgos y resultados de su Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas (PBPMD), en operación desde 2007. Entre otros aportes, el informe enuncia las deudas del Estado en la materia, los desafíos para el acompañamiento sicosocial a familiares, así como recomendaciones de urgente atención para una mayor y mejor intervención pública y social en esta dimensión de esta “tragedia desgarradora”, como la ONU ha calificado la crisis de desaparición de personas en nuestro país. Revisemos algunos puntos destacados del reporte.

Entre 2007 y 2021, el PBPMD reporta haber atendido mil 280 casos de personas en situación de migración desaparecidas. Del total, se presume que 96 por ciento de las víctimas tenían como destino Estados Unidos, y sólo 4 por ciento se dirigían a México. No obstante, 94 por ciento de las desapariciones sucedieron en México, y sólo el restante 6 por ciento sucedieron en Estados Unidos. Destaca que 58 por ciento de los casos son menores de 30 años, 24 por ciento son mujeres y 22 mexicanos.

Una de las principales preocupaciones que expone el informe es el abismal subregistro que prevalece para casos de migrantes desaparecidos. Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza sólo 64 migrantes desaparecidos desde 1964 a la fecha, organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, que organiza la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidas y Desaparecidos desde hace 15 años, estima que son 80 mil los migrantes desaparecidos en México.

El Instituto Nacional de Migración (INM) parece haber jugado un rol que ha agudizado el problema antes que contribuir a su debida atención. Las más recientes cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación señalan 77 mil 626 capturas de personas migrantes en el primer trimestre de 2022, casi 90 por ciento más que en el mismo periodo de 2021, año récord que registró más de 307 mil detenciones. Se trata de más de 25 mil detenciones por mes sólo en el primer trimestre de 2022, cifra que contrasta con años previos; por ejemplo, en 2018, el promedio mensual fue 10 mil detenciones.

El informe señala que casi 75 por ciento de los localizados en México por el PBPMD se encontraban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional del INM, sin contacto con sus familias debido a la incomunicación a la que son sometidos los detenidos. Así, la privación del derecho a la comunicación de los detenidos queda como una de las principales causas de denuncia de desaparición, que se suma a las ocasionadas por el crimen organizado y por las dificultades inherentes al intento de atravesar el río y el desierto.

Esta incomunicación en las estaciones migratorias fue también documentada por órganos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su reciente visita a México, así como por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S. J. de la Ibero Puebla en su informe relativo a las violaciones a derechos humanos en las estancias migratorias de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Por ello uno de los principales exhortos al Estado del informe del Servicio Jesuita al Migrante lo llama a cumplir con la obligación estipulada en la Ley Nacional del Registro de Detenciones para integrar un registro unificado, público y actualizado en tiempo real de los migrantes detenidos en las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM. Otras recomendaciones relevantes consisten en la necesaria colaboración entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior para robustecer las acciones de investigación y búsqueda desde los países de origen de las familias; la promoción de la participación de los familiares en los procesos de búsqueda, lo cual implica el otorgamiento de visas humanitarias gratuitas y apoyos para sus traslados a los lugares donde se presumen las desapariciones; la cooperación entre estados para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, y el refuerzo de diferentes acciones de prevención, comunicación y denuncia de los casos.

El informe fue publicado apenas un día después de la multitudinaria marcha de madres en búsqueda de sus hijos en la capital, y pocos días antes de que el propio gobierno mexicano anunciara que el país alcanzó la dolorosa cifra de 100 mil desaparecidos y no localizados. Este documento es un llamado de alerta más sobre la atención urgente que requiere la situación de los migrantes desaparecidos y sus familias; una atención diferenciada que considere la complejidad adicional que condiciona el fenómeno migratorio, pues añade barreras lingüísticas, culturales y burocráticas a los obstáculos persistentes a lo largo de décadas en nuestro sistema de justicia.

En 2020, el Banco Mundial señaló a México como el principal corredor migratorio del mundo, dada nuestra vecindad con Estados Unidos; dicha situación, que nos coloca en una destacada posición geoestratégica, exige una gran responsabilidad pública y social para garantizar ayuda y cuidado a quienes cruzan por México en el actual contexto histórico de una profunda crisis civilizatoria.