Estudiantes y trabajadores de universidades, entre ellas la Nacional Autónoma de México (UNAM), la Autónoma Metropolitana (UAM) y la Autónoma de la Ciudad de México, así como el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), denunciaron que, a pesar de los discursos oficiales de las autoridades universitarias para combatir la violencia de género, las personas que se atreven a denunciar siguen siendo revictimizadas.
Las víctimas se enfrentan a las omisiones, “inacción, solapamiento y hasta protección” de los violentadores. “Siendo el común denominador la falta de perspectiva de género, de diversidad sexual y de derechos humanos, así como el contubernio entre agresores denunciados y autoridades”, acusaron.
En conferencia de prensa, Martín López, profesor de la UNAM, refirió que según datos de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta casa de estudios, de abril de 2019 a agosto de 2021 se reportaron mil 211 quejas por violencia de género, de las cuales sólo se inició procedimiento en 245 casos.
“En nuestro movimiento (#UNAMresuelveYa) hay denuncias de violencia sexual, agresiones físicas, sicológicas e incluso de plagio académico de investigadores hacia estudiantes mujeres; sin embargo, en la mayoría de los casos la respuesta ha sido la misma. La sanción, por ejemplo, que aplicaron para los agresores denunciados por violación sexual fue de cuatro días en unos casos, en otros de ocho y uno más de 16”, mencionó.
Con ello, agregó, se envía un mensaje “claro y contundente” hacia los agresores, “de que pueden atentar contra la dignidad de las personas, pueden ejercer ese tipo de agresiones físicas o sexuales, entre otras, y sólo van a ser sancionados siempre y cuando haya una gran presión política”.
Jóvenes de la UACM y del IEMS también denunciaron casos específicos de violencia de género tanto de profesor a estudiante, de alumno contra otro, entre profesores y trabajadores. Todos ellos, sin una sanción “contundente” hacia los agresores, en algunos casos sólo se les cambió de plantel.
Ante este panorama, demandaron protocolos “eficientes” de prevención y atención a la violencia de género, que exista una reparación integral del daño a las víctimas y la destitución de las autoridades universitarias o educativas que sean omisas, encubran o protejan a agresores, al igual que la “depuración” de violentadores y de los tribunales universitarios.
