Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció ayer que desde el lunes pasado se han rendido 959 militares ucranios que estaban atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal, ubicada en el puerto de Mariupol, en el sureste de Ucrania.

“En las últimas 24 horas, 694 combatientes, entre ellos 29 heridos, se han convertido en prisioneros. Desde el día 16, se han entregado 959 combatientes, entre ellos 80 lesionados”, precisó el ministerio.

Según la Defensa rusa, 51 heridos fueron hospitalizados en Novoa-zovsk, localidad bajo control de los rusos y sus aliados separatistas en la región de Donietsk.

El ministerio no precisó qué destino tendrán estos prisioneros. Las autoridades rusas han indicado en repetidas ocasiones que, al menos parte de ellos, no los consideran soldados, sino combatientes neonazis.

Las autoridades ucranias quieren organizar un intercambio de prisioneros de guerra.

Estos militares estaban atrincherados en el laberinto de túneles de la enorme acería de Azovstal, que se ha convertido en símbolo internacional de la resistencia ucrania ante la ofensiva lanzada por Rusia el 24 de febrero.

El futuro de los combatientes ucranios que se rindieron en la acería se decidirá en un tribunal, declaró el líder de la república popular de Donietsk, Denís Pushilin, citado por la agencia DAN. Agregó que los comandantes de más alto rango de los militantes ucranios permanecen en la acería.

También afirmó que más de 60 por ciento de las edificaciones en Mariupol quedaron dañadas por los bombardeos rusos. Kiev, en tanto, dijo que continuaba la operación de “evacuación” en la planta.

El ministerio ucranio de Defensa aseguró que hará “todo lo necesario” para rescatar al personal todavía recluido en la acería, pero admitió que no había una opción militar disponible. “La misión de evacuación continúa, está supervisada por nuestra inteligencia y el ejército”, comentó el presidente Volodymir Zelensky en su discurso vespertino.

“Los mediadores internacionales más influyentes están implicados”, añadió. Su asesor Oleksiy Arestovich manifestó que no harían más comentarios mientras la operación estuviera en marcha, ya que “todo es demasiado frágil y una palabra descuidada puede destruir todo”.

El soldado ruso Vadim Shishimarin se declaró culpable de haber matado a un civil ucranio ante un tribunal en Kiev, donde se celebra el primer juicio por presuntos crímenes de guerra desde la invasión a Ucrania por tropas de Moscú. El militar podría ser condenado a cadena perpetua por crimen de guerra y asesinato con premeditación.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que las acusaciones contra militares rusos durante la operación especial son inaceptables. Agregó que “muchos casos de los que habla Ucrania son falsos”. Las acusaciones “más atroces”, continuó, “son montajes que nuestros especialistas verificaron a detalle”.

El 2 de marzo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) abrió la investigación de los eventuales crímenes de guerra en Ucrania. El 11 de marzo, el fiscal del CPI, Karim Khan, informó que el grupo instructor procedió a la recolección de pruebas.

El portavoz del Kremlin sostuvo que Moscú rechaza las acusaciones de Kiev sobre la implicación de sus soldados en crímenes de guerra y recordó que su país no es participante del Tribunal Penal Internacional.

En tanto, Rusia anunció la expulsión de 34 diplomáticos de Francia, 27 de España y 24 de Italia, lo que fue criticado por los tres países europeos. Moscú explicó que la decisión fue en reciprocidad a medidas similares contra diplomáticos rusos.

Además, dispuso el cierre de la oficina en Moscú de la radio-televisión canadiense CBC y la anulación de las acreditaciones y visas de sus periodistas, en respuesta a la prohibición de la difusión del grupo ruso RT en Canadá.

Por otra parte, Rusia calificó de robo la nacionalización de los activos de los bancos rusos Sberbank y VEB.RF (antiguo Vnesheconombank) que ordenó el gobierno de Ucrania.