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2022-05-19 06:00

La fiscalía va tras Bonilla y colaboradores por contrato a Next Energy

Periódico La Jornada
jueves 19 de mayo de 2022 , p. 29

Mexicali, BC., Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California de 2019 a 2021, y sus más cercanos colaboradores serán imputados por corrupción luego de firmar con la empresa Next Energy un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica, en el cual comprometieron alrededor de 12 mil millones de pesos de participaciones federales.

De acuerdo con el número único de caso 0202-2022-06977, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Poder Judicial audiencia para imputar al ex mandatario, al ex secretario del Agua Luis Salomón Faz Apodaca y a Adalberto González Higuera, quien fue su secretario de Hacienda.

También serán llamados los ex oficiales mayores Israel Clemente González y Marco Octavio Hilton Reyes, así como Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, quien fue titular de la Comisión Estatal de Energía en dicha administración.

En el documento también se menciona a Pablo Alonso Hernández Arellano, ex subsecretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; al ex titular de la Secretaría General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano y a otro colaborador cuyo nombre se desconoce.

En la lista también aparecen Julio N y Héctor N, quienes serán citados en sus domicilios, así como la empresa Next Energy, a fin de que se presente a la audiencia de imputación por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del gobierno del estado.

Daño al erario estatal

En octubre de 2021, el secretario de Hacienda y el asesor jurídico del gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda informaron que se presentaron ante la FGE y la Secretaría de la Honestidad y Función Pública varias denuncias derivadas del contrato firmado por la administración que encabezó Bonilla Valdez.

El ex gobernador morenista creó un fideicomiso y contrató a Next Energy para que se construyera una planta fotovoltaica que abastecería al acueducto Río Colorado-Tijuana.

Pese a que la empresa nunca consiguió los permisos para la obra, el contrato obligaba al gobierno de Baja California a indemnizar a la compañía con bonos por 12 mil millones de pesos.

Jaime Bonilla no ha podido retomar su curul en el Senado de la República.

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