Ciudad de México. Después de anunciar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) produjo, junto con Televisa, una serie de televisión para “sensibilizar sobre el tema de los feminicidios”, narrando el caso del asesino serial conocido como “Caníbal de Atizapan”, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, rechazó las acusaciones de que el Poder Judicial Federal (PJF) esté obstaculizando la solución del caso Ayotzinapa.

Afirmó que el programa de televisión es un producto cultural que tiene como finalidad crear conciencia sobre la violencia de género y comparó a la serie con los murales plasmados en la sede del máximo tribunal.

“La Corte patrocinó la serie, así como patrocinó los murales, estos murales los pagó la Corte, el mural de (Santiago) Carbonell lo pagó la Corte, el mural de (Rafael) Cauduro lo pagó la Corte, la serie la patrocinó la Corte y pagó su costo”, agregó, aunque a pregunta expresa no pudo precisar el monto de este gasto. Sin embargo, afirmó que se fue menos de lo que costaría en el mercado producir un material de calidad semejante.

“Un costo realmente muy bajo, atendiendo a lo que cuesta una serie como esta, comparativamente con las otras aportaciones culturales que la Corte ha hecho a lo largo de la historia”, sostuvo.

Luego de hacer el anuncio, Zaldívar contestó algunas preguntas, entre ellas su reacción a las críticas del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien afirmó que el PJF ha obstaculizado la resolución del caso Ayotzinapa.

Sostuvo que no es correcto denostar al PJF, y afirmó que los jueces y magistrados están cumpliendo con su trabajo.

“El Poder Judicial Federal no ha sido obstáculo en lo más mínimo en el caso Ayotzinapa, el Poder Judicial ha estado a lo largo del tiempo en varias reuniones en donde estuvieron los padres de los jóvenes desaparecidos y con sus decisiones está cumpliendo su responsabilidad”, afirmó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo encargado de administrar e impartir disciplina en los juzgados y tribunales de todo el país.

Zaldívar pidió al funcionario recordar que hay una sentencia de un tribunal colegiado que consideró que varios de los imputados por estos hechos fueron víctimas de tortura y que la investigación del caso por la entonces Procuraduría General de la República fue sesgada y parcial.

Finalmente, el ministro presidente anunció que, como fruto de su visita al penal femenil de Santa Martha Acatitla, el Instituto Federal de Defensoría Pública revisará los casos de 200 internas sujetas a prisión preventiva, con el fin de aplicar el criterio de que esta medida cautelar debe ser revisada cada dos años. Al respecto, no descartó que el caso de Rosario Robles pudiera ser incluido en esta revisión.