Más de 50 personas físicas o morales presentaron una demanda colectiva contra cinco de las principales empresas que participan en la construcción del Tren Maya por el daño ecológico que causaría la obra, estimado en 26 mil millones de dólares, señalaron los promotores de la queja, la cual ya fue aceptada por un juez federal.
En conferencia de prensa, el presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), Jesús Alberto Guerrero Rojas, indicó que el pasado 13 de mayo el titular del juzgado octavo de distrito de la Ciudad de México, Luis Alberto Ibarra, aceptó la demanda interpuesta por 53 organizaciones, colectivos y pobladores a título personal contra la construcción del Tren Maya.
De acuerdo con el activista, la queja apunta a que las compañías participantes en el megaproyecto reparen los daños que han causado hasta el momento, entre los cuales se mencionan la “devastación total” de selva media y alta en un área de casi 40 kilómetros de largo por 60 metros de ancho, tan sólo en el tramo cinco.
Asimismo, los inconformes deploraron las afectaciones a jaguares y otras especies animales y vegetales de la zona, así como “fragmentación de la cuenca hidrológica de la Península de Yucatán”, al modificar el curso en el que corre el agua en esta región.
A decir de Guerrero Rojas, en este momento la demanda está dirigida a cinco de las principales compañías constructoras del Tren Maya, entre ellas Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados y la española Acciona, pero se hará extensiva a cualquier otra que incurra en daños ecológicos.
Respaldo de 60 científicos
Luego de señalar que la queja tiene más de 300 fojas y cuenta con el respaldo de 60 científicos y expertos en ecología, el director de la ONRE anticipó que las compañías demandadas se verán obligadas a admitir que no cuen-tan con permisos ni estudios de impacto ambiental, por lo que el juez encargado del tema deberá suspender todas las labores de construcción.
De acuerdo con Guerrero, cuando las empresas se den cuenta de la gravedad de los daños en la región y que “van a perder más de lo que ganen”, decidirán retirarse del proyecto del gobierno federal.
Agregó que los promotores de la queja han recibido “amenazas”, lo cual, aseguró, “no nos inhibe, sino que nos estimula, porque si no hay permisos de impacto ambiental, nadie puede cometer ac-tos ilícitos”.
