Chilpancingo, Gro. La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, informó que al menos ocho familias desplazadas de la población de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero, partieron de la Ciudad de México con rumbo a Canadá en calidad de asiladas.

Recordó que el pasado 9 de diciembre fue desaparecido el maestro de la Universidad Autónoma de Guerrero, Salvador Catalán Barragán, junto con un adolescente de nombre Marcos, que era policía comunitario del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del estado de Guerrero (FUSDEG) “y el 12 de diciembre pasado fueron encontrados asesinados, el profesor Salvador que participaba como Consejero del FUSDEG”.

Posteriormente, agregó, “al día siguiente, 13 de diciembre, después del sepelio, varios familiares tuvieron que ser desplazados pues ante las denuncias públicas realizadas por sus familiares, había rumores de que también a ellos los asesinarían ya que afuera de sus domicilios vehículos desconocidos montaban vigilancia en todo momento”.

Estas familias buscaron la intervención del Centro Morelos, “inmediatamente buscó la manera de que fueran desplazados, y con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fueron desplazadas a la Ciudad de México el día 13 de diciembre bajo condiciones por demás inhumanas”.

Rosales Sierra, dijo que a partir de ese momento fue todo un peregrinar de oficina en oficina “hasta que después de permanecer por un mes en plantón, afuera de la Secretaría de Gobernación, por fin se consiguió que les dieran cobijo en un refugio”.

Dijo que ahora que “las ocho familias integradas por ancianos, adultos y niñas y niños se fueron, prácticamente para no regresar más, se nos parte el corazón porque se van a un lugar desconocido con una cultura muy diferente en todos los aspectos”.

Lo que más nos indigna, añadió, “es que los tres niveles de gobierno en lugar de sumar esfuerzos y combatir a los grupos de narcoparamilitares, que se disputan el control del territorio causando muerte y terror, sin que las familias desplazadas puedan regresar a sus pueblos y comunidades, consideran que al exiliarse las familias el problema ya está resuelto.

“A pesar de lo anterior agradecemos el apoyo CNDH, la Ceavgro la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, a la Comisión de Derechos Humanos de de Guerrero, al gobierno de Guerrero, por su apoyo para que estas familias víctimas de desplazamiento forzado interno pudieran salir del país”, concluyó.

En tanto, miembros del Colectivo Unión de Familiares de Desaparecidos y Desplazados del municipio de Atoyac, marcharon este día al Batallón del Ejército en El Ticuí y realizaron un mitin en el obelisco a Lucio Cabañas, en demanda de justicia en el 55 aniversario de la masacre del 18 de mayo de 1967.

Denunciaron que la entrada a las instalaciones de 109 Batallón de Infantería estaba cerrada con una barricada de alambres y sacos de arena, con cuatro columnas de soldados.

Los familiares denunciaron que fueron grabados y exigieron que se presente ese video para que se conozca su demanda, y manifestaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que no van cesar de exigir justicia.

Antes de marchar, exigieron justicia para los desaparecidos y reparación del daño para las víctimas del terrorismo de Estado que aplicó el gobierno y el Ejército (en esa etapa), al que señalan como el principal represor y responsable de las desapariciones; y pidieron juicio para los militares, y que se abran los expedientes.