Ciudad de México. La apuesta del gobierno federal para evitar una reforma fiscal y reducir la informalidad, el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), se quedó corta en sus metas de cobertura durante el primer trimestre del año. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que a marzo se tenían inscritas a 170 mil 3 personas morales y 2 millones 321 mil 589 físicas en ese programa.

“Las metas de captación de contribuyentes para el Resico están lejanas”, sostuvo Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), al recordar que el programa se planteó a mediados del año pasado con el objetivo de llegar a 2.1 millones de personas morales y 10.2 millones físicas.

Sin haber llegado a una cuarta parte de los contribuyentes que se tienen como meta, la recaudación a través de este mecanismo no representa ni cincuenta centavos de cada 100 pesos ingresados a través del SAT. En el primer trimestre del año las aportaciones a través del Resico sumaron 4 mil 935 millones de pesos, el equivalente a 0.40 por ciento de la captación tributaria en ese periodo.

En un primer momento, el SAT migró de manera automática a algunos contribuyentes que se encontraban en el Régimen de Incorporación Fiscal, pero hizo falta una campaña de difusión más intensa para plantear los beneficios del Resico a arrendadores, arrendatarios y profesionistas, consideró Luis Carlos Verver, presidente de la Comisión de Síndicos del IMCP.

Prórroga a facturación 4.0

En conferencia de prensa los integrantes del IMCP también advirtieron que se deben prorrogar algunos de los cambios administrativos que están en puerta, como la facturación electrónica 4.0, en la que se deben incluir en los comprobantes de nómina el Registro Federal de Contribuyentes, nombre, régimen fiscal y código postal del receptor.

Ávalos Martínez explicó que de las 2 mil 299 millones de facturas que se expidieron durante el primer trimestre de 2022, el 99.79 por ciento fue con la versión 3.3 del CFDI; y en cuanto a las que deben llevar complemento carta porte, sólo 0.28 por ciento fue con el nuevo formato.

Por ello el IMCP busca que la obligatoriedad de emitir facturas con la versión 4.0 sea hasta el 1 de enero del próximo año y no el 1 de julio de 2022, como está proyectado hasta el momento.

Crisis de citas

Verver explicó que a esta presión administrativa se suma “una crisis de citas para realizar trámites presenciales ante el SAT”, como resultado de la emergencia sanitaria, la automatización del sistema tributario y la incorporación de trámites no fiscales con la firma electrónica.

Explicó que si bien el SAT ha hecho esfuerzos para reducir el rezago en la emisión de citas, como el sistema de fila electrónica que avisa al contribuyente cuando hay un horario disponible, eso ha devenido en otra crisis. El presidente de la Comisión de Síndicos explicó que hay testimonios de que “en el mejor de los casos” les toca el turno 3 mil, pero este puede ir hasta 23 mil para acudir a una de las administraciones desconcentradas.

Corrupción empuja precios

Por último, Ernesto O’Farrill Santoscoy, presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, consideró que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) presentado por el gobierno federal para reducir la velocidad a la que están aumentando los precios, puede ayudar a mitigar la presión sobre el bolsillo de las familias.

Consideró que la mayor parte del choque inflacionario viene del exterior, pero eso no quita que hay factores internos que están presionando los precios, como la corrupción y la incertidumbre a la inversión, que elevan los costos para los productores.

“Tenemos fuentes de inflación internas además de la inflación importada, como son la corrupción, la inseguridad, la sobre regulación, las restricciones al outsourcing, la falta de un Estado de derecho, las políticas públicas en contra de las energías limpias, la desconfianza que inhibe a la inversión, etcétera”, aseveró.