El pasado 11 de mayo se dio a conocer que, como resultado de un operativo entre autoridades del estado de Querétaro, fueron detenidas dos personas que transportaban en un tráiler a 150 migrantes de origen centroamericano, hacinados y en condiciones de salud deplorables, con el fin de ser trasladadas hacia su destino final, Estados Unidos. Lo anterior constituye un claro ejemplo de tráfico de personas, cuyo fenómeno no parece detenerse y los esfuerzos para combatirlo a escala regional no parecen ser suficientes, pues es claro, que hay países de origen, tránsito y destino que están involucrados directamente en la realización de esta actividad delictiva.
Uno de los principales riesgos que se presentan en México con respecto a este fenómeno es precisamente su cercanía geográfica con el país del norte; lo que desde luego, facilita el modus operandi de los traficantes de personas para transitar hacia ese destino. Pero este fenómeno no se reduce al hecho de facilitar que una o más personas crucen fronteras sin cumplir los requisitos legales, con la finalidad de obtener directa o indirectamente un lucro, lo que constituye un delito y cuyas ganancias han generado 7 mil millones de dólares para los traficantes en un año, de acuerdo con cifras de la UNODC en 2018. A veces el delito de trata de personas comienza con el tráfico de migrantes. De la misma manera, que tanto la trata como el tráfico de personas forman parte de la amplia gama de delitos que generan grandes recursos para la delincuencia organizada que opera en nuestro país.
En ese sentido, el tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un #NegocioMortal operado por grupos que buscan lucrar con miles de personas, sin respeto alguno por sus derechos y su dignidad. La CNDH aseguró en un informe publicado el año pasado que al menos 70 mil migrantes fueron “víctimas de tráfico y secuestro en México” entre el primero de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2020; siendo Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba, principalmente. Diversos diagnósticos, como la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, nos señalan la presencia de grupos del crimen organizado en diversas zonas del país, incluidas las entidades identificadas por el organismo federal. Y si a la oleada de violencia le sumamos el nivel de impunidad que acompaña a la mayoría de los casos en la nación que llegan a instancias del Ministerio Público, claramente se convierte en un ambiente propicio para que los traficantes de personas continúen operando y diversificándose en todo el territorio nacional.
Desde luego, lo anterior deja ver la complejidad de la estrategia contra el tráfico ilegal de migrantes; así como el imperioso fortalecimiento de los ámbitos de seguridad, procuración e impartición de justicia para detener, investigar y sancionar a los responsables de este y otros delitos conexos, junto con la implantación de programas sociales que generan un impacto en la calidad de vida de las personas más vulnerables en México y en la región. En este orden, se requiere de voluntad política para destinar recursos e implementar los mecanismos institucionales necesarios para resolver estas problemáticas que, sin duda, tienen que ver con la obligación del Estado mexicano de respetar y salvaguardar los derechos humanos de las personas.
