Guatemala. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, fue relegida ayer por el presidente Alejandro Giammattei para otros cuatro años en el cargo, pese a haber sido incluida por Estados Unidos en una lista de “actores corruptos” y el rechazo de sectores sociales nacionales.

“He tomado la decisión de nombrar a María Consuelo Porras Argueta para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del ministerio público por los próximos cuatro años”, dijo Giammattei, en una ceremonia oficial.

El gobernante aseguró que Porras es una profesional que cumple con todos los requisitos constitucionales y que obtuvo el voto favorable unánime de la comisión que evaluó a los candidatos. “Esta no ha sido una decisión sencilla tomada a la ligera”, agregó.

“Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez”, agregó el gobernante.

Una comisión de postulación envió a Giammattei una lista de seis candidatos. Cinco fueron electos y se incluyó a Porras por orden de la Corte de Constitucionalidad.

Al asumir el cargo para el periodo 2022-2026, Porras señaló que su compromiso para llevar adelante una labor “sin sesgos ni ideologías continúa firme”.

Más temprano, durante el informe sobre sus primeros cuatro años, Porras, de 68 años, aseguró que una prioridad de su administración “ha sido la lucha contra la corrupción”.

El Ministerio Público, bajo órdenes de Porras, dispuso en los últimos meses las detenciones de al menos seis juristas que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala, acusándolos de irregularidades en sus labores.

Para los acusados, esas detenciones son una “venganza” contra quienes lucharon contra la corrupción. La fiscalía rechaza esas acusaciones.

Porras fue colocada en 2021 por Washington en una lista de “actores corruptos”.

Una de las acciones que motivó la sanción a Porras fue la destitución el año pasado de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y considerado un “campeón anticorrupción” por Washington. Ahora está exiliado en Estados Unidos por amenazas contra su vida.