Tras una semana de reuniones con autoridades federales, estatales y organizaciones de la sociedad civil, familiares de Juana Alonzo Santizo, migrante indígena guatemalteca detenida desde 2014 en un penal de Reynosa, Tamaulipas, bajo el cargo de secuestro, regresaron a su país, pero mantienen la exigencia de una liberación inmediata.

Los grupos que la han acompañado también demandaron a la Fiscalía General de la República desistir de los cargos, al exponer que las acusaciones son irregulares y que fue torturada.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Programa de Asuntos Migratorios y la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, indicaron que hace poco expusieron los casos de criminalización de migrantes y de los pueblos originarios, entre los cuales refirieron el caso de Juana por las “múltiples violaciones a sus derechos humanos por parte del sistema de justicia”.

De igual forma, la tía de la inculpada, Ana Matilde Gómez, pidió a las autoridades “mirar su corazón e imaginar que su hija o sobrina a la que torturaron y encarcelaron injustamente. Si condenan a Juanita y no la dejan libre, nuestro pueblo se levantará y seguiremos exigiendo justicia para ella y las miles de mujeres indígenas de Guatemala que sufren en manos de los policías y agentes migratorios en México”.

El grupo volvió este fin de semana a Guatemala luego de visitar el penal de Reynosa, adonde llevaron más de 300 cartas de apoyo en las que exigen la liberación de su familiar, pues sigue presa a pesar de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas que refiere irregularidades y actos de tortura en su contra durante la detención.