La ministra Norma Lucía Piña Hernández propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negar el amparo solicitado por el ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, quien busca tener acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra por el posible delito de enriquecimiento ilícito.

Quien fuera el último responsable de la dependencia antes de que se transformara en la actual Fiscalía General de la República, ejerció de octubre de 2017 a noviembre de 2018 como encargado de despacho y en un año no se le nombró formalmente procurador.

Las sospechas sobre el ex funcionario comenzaron a raíz de que en 2010 su cuñado Oswaldo Kuchle López fue detenido en Estados Unidos acusado de fraude.

Al empezar el actual gobierno en México, las finanzas de Elías Beltrán fueron revisadas por la Secretaría de la Función Pública, la cual inició un procedimiento administrativo por aumentos no justificados en su patrimonio, registrados cuando se desempeñó como director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, y como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales en la PGR.

Fue entonces que la UIF pidió una orden judicial para poder revisar los movimientos financieros de Elías Beltrán, de su esposa Marcela Kauchle López y su cuñado, lo que al final proporcionó elementos para que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción abriera la carpeta de investigación.

El ex funcionario pidió que se le diera acceso a la indagatoria para conocer los elementos de prueba que la integran y poder preparar su defensa. Sin embargo, se le negó copia del documento, por lo cual recurrió a un amparo, el cual finalmente llegó a la SCJN.

La ministra Piña analizó el caso y presentó un proyecto en el que propone negar el amparo, con base en que la investigación no ha sido todavía judicializada y, por lo tanto, no hay ningún acto de molestia en contra de Elías Beltrán.

Explica que el ex funcionario podrá tener acceso únicamente cuando se le cite a declarar o se libre una orden de aprehensión en su contra, “pues fuera de esos casos debía prevalecer el sigilo o reserva de la información como una medida adecuada y necesaria para asegurar el éxito de la investigación, por tratarse de una cuestión de orden público”.

El caso se decidirá el miércoles en la primera sala de la Corte.