En Querétaro, en medio del estrés hídrico, el área urbana se multiplicó en 17 veces entre 1970 y 2017, mientras la población únicamente creció cuatro veces en el mismo periodo. Ante la expansión de desarrollos inmobiliarios, industriales y de servicios, el abasto de agua potable se privatizó fuera de la ley a través de múltiples organismos operadores ligados con las constructoras, proceso que ahora el PRI y el PAN buscan legalizar con la expedición de una ley de aguas de la entidad sin considerar el derecho humano al líquido, advierten organizaciones.
En 2019, la entidad ocupaba el sexto lugar en el país con estrés hídrico según el Instituto de Recursos Mundiales, seis de 12 acuíferos de la región están sobrexplotados, además de ser una de las cuatro regiones más críticas del país de acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El 30 de abril pasado, el Servicio Meteorológico Nacional registró que 85 por ciento de su territorio tenía algún grado de sequía.
La entidad es la única del país que carece de una ley en la materia, la gestión hídrica depende del Código Urbano, y en la ciudad de Querétaro se han detectado 22 empresas privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable, 16 de éstas con objetos sociales o prácticas comerciales. “Todas están asociadas con compañías inmobiliarias cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales son los beneficiarios exclusivos del abastecimiento”, explica el documento “Acaparamiento de lo público”, elaborado por grupo Poder, Labip y Museo ciudadano del Agua de Querétaro.
Claudia Romero, coordinadora legal del museo, señala en entrevista que la capital queretana depende del agua de un trasvase, a través de un acueducto que desde Hidalgo transporta entre 40 y 60 por ciento del consumo. Precisa que con la expansión inmobiliaria, industrial y de servicios, han surgido organismos operadores de agua que promueven los mismos constructores y que se encuentran al margen de la ley.
Establece que los organismos operadores privados son células de las inmobiliarias y los residentes de las unidades habitacionales pagan por el consumo del líquido el doble o triple (de 700 a mil pesos) de lo que erogan otros habitantes de la ciudad.
Destaca que en este contexto hay dos iniciativas de privatización del agua en el congreso estatal que presentaron el PRI y el PAN el 31 de marzo. Hace unos días se iban a votar, pero hubo mucha presión social. “La postura de la sociedad civil es que el tema amerita análisis y la presencia de diversos sectores”. Agregó que si hubiera una ley general de aguas (pendiente desde 2013 en el congreso federal) que incluyera los parámetros sobre el derecho humano al líquido y sus reglas, habría un freno para este tipo de iniciativas.
Sostiene que es un gran riesgo “porque quedamos al arbitrio de los privados que entran en un marco de mayor opacidad, con menos rendición de cuentas. No sólo es el lucro, sino que están asociados con las empresas que buscan expandir el área urbana. La privatización del agua abre la puerta a la expansión urbana”.
Advierte que no tiene sentido regularizar lo que no ha funcionado, “uno de los argumentos del gobierno es que como ya se dio este proceso de privatización, hay que ordenarlo, y que por eso se hace la ley. Esto es falaz. Lo que ocurrió fue de manera irregular, transgrede la ley y se puede revocar”.
En un posicionamiento sobre las iniciativas de ley, firmado por 30 organizaciones locales y varias nacionales, dirigido al diputado Germaín Garfias, presidente de la comisión de Desarrollo urbano, obras públicas y comunicaciones del congreso estatal. Romero subraya que “ninguna de las iniciativas cuenta con una visión territorial del agua. No contemplan ni la realidad del contexto rural ni la diversidad ecosistémica del estado, tampoco el contexto de cambio climático”.
Agrega que “ambas iniciativas hacen énfasis en los procedimientos para la privatización por medio del otorgamiento de concesiones”, además de que incluye disposiciones que implican un desmantelamiento progresivo de la autoridad actual del agua, manteniéndola al servicio de las entidades privadas, y que “la implementación de facto de la concesión del servicio público ha conllevado graves consecuencias para la viabilidad y seguridad hídrica de la zona metropolitana. Sin embargo, es dicho modelo el que se propone formalizar en ambas iniciativas”.
