La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados discutirá este lunes una reforma para definir que, en la construcción de casas habitación, se tome en cuenta el atlas de riesgos y se obligue a las constructoras a garantizar la seguridad estructural.

En el proyecto de dictamen a votar, la comisión estima que siete de cada 10 personas viven en zonas de riesgo y resalta que el problema se agrava porque sólo 20 por ciento de los municipios cuentan con atlas de riesgos.

Con los cambios propuestos, también se pretende obligar a las constructoras a que las viviendas cuenten con espacios suficientes, pues hay proyectos de 40 metros, incluso sin pasillos.

La comisión, que preside Lilia Aguilar Gil (PT), resalta en sus consideraciones que, de las personas que habitan en zonas de riesgo, 30 por ciento se ubica en zonas rurales “y, sin duda, los más afectados siempre son aquellos que viven en condición de pobreza, toda vez que el riesgo siempre es mayor en viviendas que no cumplen con requerimientos mínimos” de seguridad.

Asimismo, plantea que los riesgos ante sismos, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos son especialmente altos en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Guerrero, porque además de la alta exposición a riesgos, más de 40 por ciento de su parque habitacional está construido con materiales endebles.

En contraste, en el resto de los estados del país el porcentaje de vivienda construida con ese tipo de materiales no es superior a 25.7 por ciento.

También evalúa que la falta de un atlas de riesgos en los municipios requiere impulsar acciones que garanticen la seguridad de la población más vulnerable, sobre todo en la vivienda, que es el espacio en el que confluye la consecución de diversos derechos humanos.

Por ello, concluye que los atlas de riesgos deben ser considerados para la elaboración de los programas de vivienda federales, estatales, municipales y de las alcaldías, con objeto de que las personas que habitan una vivienda sean el centro de toda prevención de desastres, e incidir, además, en la coordinación de los tres ámbitos de gobierno para garantizar viviendas seguras y adecuadas.