La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo hace unos días el caso de una pareja del mismo sexo a la que una empresa inmobiliaria decidió no venderle una casa en el estado de San Luis Potosí, en un episodio que deja ver las “omisiones legislativas” de diversas instancias gubernamentales para impedir y sancionar la discriminación por homofobia en el acceso a la vivienda.

Así lo afirmó la abogada y activista Carla Escoffié, quien señaló que este tipo de casos no son aislados y demuestran que las autoridades no han tomado medidas suficientes para garantizarle el “derecho a la ciudad” a todas las personas, al margen de su orientación sexual.

En entrevista con La Jornada, la asesora legal de los denunciantes –quienes optaron por identificarse como Gustavo y Luis– explicó que a finales de 2019 la pareja inició los trámites de compra de una vivienda en el fraccionamiento La Viña Residencial, ubicado en San Luis Potosí.

Aunque el proceso de compra-venta estaba en la última fase y la pareja ya había solicitado ejercer su crédito del Infonavit para ello, cuando los representantes de la inmobiliaria Opción Desarrollos Urbanos, SA de CV, supieron que se trataba de una pareja del mismo sexo, dejaron de contestarle mensajes y llamadas a los compradores y cancelaron la operación.

Más tarde, explicó Escoffié, empleados de la compañía admitieron que la madre del dueño de la inmobiliaria dio la orden expresa de “no venderle a personas homosexuales”.

De acuerdo con la abogada, aunque el juzgado octavo de distrito de San Luis Potosí inicialmente aceptó dictar medidas provisionales a favor de Luis y Gustavo, en el marco del juicio de amparo que interpusieron, más tarde decidió suspender la medida, con el argumento de que no se había acreditado el delito de discriminación.

Por lo anterior, la pareja le solicitó a la SCJN que atrajera el caso, lo cual ocurrió el pasado 11 de mayo, cuando por cuatro votos a favor y uno en contra en la Primera Sala de dicho órgano, decidió hacerse cargo del tema, en la que significa la primera vez que el máximo tribunal del país se pronunciará sobre la discriminación hacia grupos LGBT y su derecho a la vivienda.