La Habana., La Asamblea Nacional de Poder Popular de Cuba aprobó ayer por “unanimidad” un nuevo Código Penal, que “tipifica como delitos los hechos mas graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, al presentarlo al plenario.

El nuevo Código sustituye al vigente desde 1987, después de extensas consultas en la elaboración del proyecto donde participaron magistrados, jueces, fiscales, especialistas, miembros del Ministerio del Interior, profesores de Derecho y Diputados al parlamento, dijo Rubén Remigio Ferro.

Agregó que durante la consulta, se recibieron mil 140 opiniones, y mil 114 propuestas de reforma, de las que 706 fueron admitidas, lo que permitió presentar al legislativo la versión 26 y definitiva del documento.

También se consideraron 137 propuestas de tesis de doctorado y maestría, diplomados y artículos científicos, y con 19 observaciones de la población que accedió al proyecto desde los sitios de Internet de la Asamblea y el TSP, destaca el sitio web Cubadebate.

Durante el debate con los diputados a la Asamblea Nacional, se aceptaron 97 de las 112 propuestas. Entre sus aspectos novedosos están “su aplicación a infracciones y actos ilícitos que afectan el espectro radioeléctrico, el medio ambiente y el patrimonio natural”, según Ferro.

“Se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones", añadió.

La nueva ley mantiene la pena de muerte “con carácter excepcional”, en 23 delitos, y la suprime en cuatro respecto al código anterior. Se podrá pronunciar básicamente “en delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, tráfico internacional de drogas y asesinato”, dijo el fiscal.

En Cuba, donde se aplicó con mucha regularidad el “paredón” en los años 60 del pasado siglo, se cumple una especie de moratoria desde 2000, sólo rota en 2003, por la ejecución de tres secuestradores armados de un bote de pasajeros.

“No estamos de acuerdo con la pena de muerte. No nos convence desde nuestra fe”, dijo la diputada María Yi Reyna, una ministra evangélica, durante uno de los raros criterios discordantes en el Parlamento.

En el texto se introducen como nuevas sanciones la reclusión domiciliaria y el servicio a la comunidad y se suprimen las medidas de seguridad predelictiva, rechazadas por muchos sectores de la sociedad.