Ciudad de México. En el décimo aniversario de la masacre de Cadereyta, Nuevo León, en la cual fueron encontradas 49 personas decapitadas y desmembradas en una carretera de ese municipio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e instituciones homólogas de El Salvador, Guatemala y Honduras urgieron a avanzar en la implementación de acciones que permitan la plena identificación de las víctimas, ya que únicamente se han reconocido a 16, así como coordinar acciones entre autoridades de estos países encaminadas al esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia.

Igualmente, se pronunciaron porque se desarrollen procesos que permitan el fácil y adecuado acceso a la reparación integral del daño sufrido para los familiares de todas las personas asesinadas, y fortalecer la cooperación entre las autoridades de los gobiernos de los cuatro países para garantizar el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de los migrantes, con énfasis en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Las instituciones de derechos humanos también propusieron analizar la creación de una Comisión Especial de Investigación, a través de la cual expertos, nacionales e internacionales, apoyen a las autoridades mexicanas en la investigación de los hechos con perspectiva regional, de conformidad con estándares internacionales. “Esto permitirá entender mejor las causas que generan esta violencia sistemática contra las personas migrantes e implementar acciones efectivas para que estos hechos no se vuelvan a repetir”, señalaron.

En un pronunciamiento, recordaron que en mayo de 2012, en Cadereyta el Ejército mexicano reportó el hallazgo de 49 personas decapitadas y desmembradas. Hechos similares ocurrieron en 2011, en San Fernando, Tamaulipas; en 2014, en Güémez, y en enero de 2021, en Camargo, ambos de ese mismo estado

La CNDH recordó que el 18 de octubre de 2017 emitió la Recomendación 8VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad ciudadana y de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de las 49 personas halladas sin vida en Cadereyta, la cual fue aceptada por las autoridades destinatarias. No obstante, a pesar de ello, los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador consideró de suma urgencia las medidas de reparación, verdad y justicia que el gobierno mexicano pueda proveer a las familias centroamericanas que exigen conocer y localizar a sus familiares migrantes desaparecidos, siendo esto un escenario que perpetúa la impunidad y con ello graves violaciones de sus Derechos Humanos. Asimismo, consideró que es responsabilidad de los países de origen, velar por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo, en procesos de migración.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala reconoció el trabajo y la promoción de derechos que han efectuado la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México y las organizaciones guatemaltecas de sociedad civil que han acompañado “este largo como doloroso proceso”, así como la CNDH.