La Fiscalía General de la República (FGR) no tendrá que revelar los nombres ni cargos del personal operativo y administrativo dedicado al combate del crimen organizado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN invalidó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los ministros señalaron que difundir esta información pondría en riesgo la vida, seguridad y salud de los funcionarios encargados de la procuración de justicia del país.
El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, explicó que si bien el artículo sexto de la Constitución estipula que las resoluciones del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables, el artículo 105 de la propia Carta Magna señala que las controversias entre los órganos del Estado deben dirimirse en la SCJN, como se hizo en este caso.
El asunto surgió por la solicitud de un ciudadano para se revelaran los nombres y cargos del personal adscrito a las subprocuradurías de la FGR, entre ellas la de Control Regional, la de Delitos Federales, de Derechos Humanos y la Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
La fiscalía rechazó la petición, por lo que el solicitante llevó su caso ante el pleno del INAI, que ordenó entregar la información, al resolver el recurso de revisión administrativa 9481/19.
Inconforme, la FGR recurrió a la SCJN para impugnar la decisión en favor del INAI mediante la controversia constitucional 325/2019.
En la exposición de su proyecto, el ministro Laynez señaló que el expediente del caso hace referencia a la “teoría del mosaico” según la cual, recopilando, combinando y procesando datos aparentemente inofensivos se pueden extraer conclusiones útiles sobre la capacidad de la FGR y sus vulnerabilidades.
Aunque el proyecto original señalaba que se reservaría sólo la información del personal operativo y se permitiría transparentar los datos de sus funcionarios administrativos, al final se aprobó también proteger los nombres de estos últimos, ya que por su actividad tienen acceso a reportes sobre el armamento, número de elementos y despliegue de los agentes de campo.
La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que el divulgar toda esa información vulneraría las capacidades institucionales de la fiscalía.
La resolución advierte que de publicarse todos estos datos “los grupos criminales estarían en posibilidad de obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y contrainteligencia en el combate a la delincuencia y la investigación de los delitos federales”.
En redes sociales, el INAI manifestó su preocupación por el fallo de la Corte, pues “mina el derecho de acceso a la información y sienta un mal precedente para la inatacabilidad de las resoluciones de este organismo garante”.
