Han pasado al menos siete años de que miles de familias campesinas de ejidos en el norte de Chihuahua denunciaron que la familia LeBarón roba el agua de la región, con la apertura de pozos ilegales que ahora buscan electrificar, y la respuesta ha sido la emisión de 20 órdenes de aprehensión a quienes se oponen a esa irregularidad, indicaron integrantes de El Barzón y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, señalaron que se han secado los pozos de agua potable de al menos tres comunidades y ninguna autoridad ha puesto un alto a la extracción ilegal del líquido, a pesar de la crisis por las sequías recurrentes de la última década.

Martín Solís, de El Barzón, dijo que desde hace años iniciaron un movimiento para exigir a las autoridades que cancelaran más de 400 pozos ilegales. Sostuvo que en la región hay concesiones de agua del subsuelo por mil 750 millones de metros cúbicos, para sembrar 275 mil hectáreas, pero se cultiva más del doble, 590 mil. Se han establecido más de 100 mil hectáreas después de 2013. Menonitas y los LeBarón siembran nogales, de gran consumo de agua, y carecen de concesiones, señaló.

Cerca del ejido Constitución, con 894 ejidatarios, en el municipio Buenaventura, está el rancho La Mojina, de la familia LeBarón, donde se cultivan nogales sin autorización para la explotación del acuífero y la falta de disponibilidad de agua, pero esa familia abrió sin permiso al menos 10 pozos que usan para la siembra de 300 hectáreas de nogal, afectando a los ejidatarios que sí cuentan con concesiones legales para extraer el recurso hídrico.

Las organizaciones señalaron que han “denunciado ante todas las instancias posibles, demandando la solución del problema, sin que ninguna autoridad haya implementado alguna acción real para impedir el robo del agua y la sobrexplotación del acuífero”.

En el ejido Benito Juárez, del mismo municipio, uno de los más afectados por la sobrexplotación de la cuenca, desde 2012 se enfrentan a una empresa minera canadiense que pretendía instalarse en su territorio y realizar explotación a cielo abierto.

Precisaron que la fiscalía del estado impulsó la solicitud de órdenes de aprehensión contra al menos 20 personas del ejido Constitución por el ingreso en abril del 2018 al rancho La Mojina, acusando a integrantes de la comunidad por un millón de dólares en daños. También se reactivó la denuncia penal interpuesta por la minera canadiense contra integrantes del ejido Benito Juárez por desalojar la mina.