Nueva York. El gobierno de Joe Biden diseñó una estrategia para influir en el proceso local para elegir a quien ocupará el puesto de procurador general de Guatemala, de acuerdo con un documento oficial interno de Washing-ton obtenido por La Jornada.

En los próximos días, el presidente de Guatemala, Alejandro Giamma-ttei, debe seleccionar a quien encabezará la fiscalía nacional, y entre los candidatos está la actual procuradora Consuelo Porras, quien ha sido criticada dentro y fuera de su nación por obstaculizar y desmantelar esfuerzos anticohecho de fiscales e investigadores e incluso de la misión contra la corrupción a la que coadyuva la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual colaboraba con la oficina de la fiscalía especializada contra la impunidad.

Esos esfuerzos contra los delitos de la administración pública habían sido elogiados a escala internacional; ahora, organizaciones de derechos humanos local e internacionales han protestado contra Porras al acusarla de descarrilar más de 12 años de trabajo, criminalizar a disidentes, incluyendo periodistas, y hasta provocar que varios de los fiscales, jueces y otros oficiales que encabezaban protocolos de ética hayan huido del país.

El documento estadunidense marcado de “sensible”, pero no secreto, con el título de Plan de Participación sobre el Proceso de Selección de Procurador General de Guatemala, aparentemente elaborado a fines del año pasado o principios de este (no está fechado), detalla una serie de acciones con el objetivo de evitar que Porras sea relecta.

Pero Porras fue incluida en la lista de candidatos por el presidente, marcando un primer fracaso de la estrategia estadunidense, por ahora.

La estrategia incluye tanto la coordinación de mensajes “diplomáticos privados y públicos” para lograr que Porras no quede en la lista de candidatos, y en caso de que aparezca, buscar presionar al jefe de Estado a seleccionar a otro candidato.

Washington podría ofrecer, a cambio de que se seleccione a un funcionario no corrupto, “incentivos que responden a solicitudes anteriores de Giammattei”, entre ellos mayor cooperación en esfuerzos antinarcóticos, seguridad de puntos y asistencia al Ministerio Público, establece el documento.

Pero “si el gobierno guatemalteco no apoya y asegura un proceso de selección transparente y elige a un candidato sujeto a alegaciones creíbles de corrupción o que haya sido calificado por Estados Unidos como un actor corrupto/no democrático, debemos dejar claro a Giammattei, que será imposible tener cooperación plena” en el ámbito de seguridad pública y pondrá en pausa varios tipos de cooperación.

Más aún, amenaza promover más restricciones de visas contra integrantes del comité de selección y a otros que han “subvertido el proceso”.

En privado, altos funcionarios estadunidenses en Washington y Guatemala deben reiterar la posición contra Porras y propone en concreto, por ejemplo, que en enero pasado, la vicepresidenta Kamala Harris llame a Giammattei con ese mensaje y que en las siguientes semanas altos funcionarios, incluyendo secretarios de gabinete y hasta el presidente Biden, subrayen que las acciones de la funcionaria continúan obstaculizando la relación bilateral.

La estrategia también incluye promover que “organizaciones de la sociedad civil articulen sus demandas, desarrollen un plan concreto…. y revelen todo vínculo de los candidatos” como integrantes del comité de selección “con redes corruptas”, como también fomentar la participación de universitarios en el esfuerzo.

Por otro lado, propone invitar a que otros gobiernos y la “comunidad internacional” a pronunciarse sobre este proceso.

El plan contempla que si en mayo se selecciona a Porras u otro funcionario manchado por alegaciones de corrupción, Washington emitirá un mensaje expresando preocupación por el proceso mientras de manera permanente suspendería el apoyo al Ministerio Público; en caso de que se designe a alguien “aceptable”, se difundirá un mensaje de felicitación por el “proceso transparente”.

El documento concluye con una lista de posibles riesgos de esta estrategia, entre lo cuales está que podrá ayudar a aquellos que “buscan presentar a las acciones estadunidenses como influencia extranjera”. Más aún, considera que si Porras continúa en el puesto “a pesar de este esfuerzos, Estados Unidos podría significar años de cooperación reducida con una procuradora general y una presidencia envalentonada que han rechazado la abogacía de Estados Unidos por un camino diferente”.

Varias de las propuestas en el documento han sido implementadas por el gobierno de Biden, incluyendo expresar y reiterar públicamente su oposición tajante a un segundo periodo de Porras.

El año pasado, cuando Porras cesó a Juan Francisco Sandoval, jefe de la oficina de la fiscalía especializada contra la impunidad, el gobierno de Biden denunció el hecho públicamente y calificó a Porras como “un actor antidemocrático”, suspendió la cooperación con su oficina y le retiró su visa.

Desde entonces, la Casa Blanca ha sido explícita en su exigencia de que ella sea sustituida en el puesto. Giammattei y sus aliados han rechazado la presión y reiterado que “la soberanía del país será respetada”.

Para algunos observadores, esto representa un giro en la política estadunidense hacia Guatemala, uno que es bienvenido por organizaciones de derechos humanos y de lucha anticorrupción tanto dentro como fuera del país centroamericano que han denunciado y protestado contra Porras y sus aliados, dado que durante la presidencia de Donald Trump se había apoyado las fuerzas corruptas en ese país.

Ante críticas de que esto representa la continuación de la injerencia estadunidense, hay un debate sobre si en asuntos como este, no es más de lo mismo.

Sin embargo, casi todos reconocen la larga historia de la injerencia de Washingon en Guatemala desde el apoyo al golpe de 1954 al apoyo de fuerzas militares y de inteligencia represivas durante décadas.

Además, el debate ahora cobra una dimensión de ironía ya que entre los principales críticos de esta estrategia del gobierno de Biden están legisladores republicanos como los senadores Marco Rubio y Mike Lee quienes enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, a fines de abril, calificando estos esfuerzos como una interferencia “inapropiada” estadunidense en el proceso de selección. Subrayaron que el largo camino de la lucha contra la corrupción en Guatemala “es más difícil por el abuso del apoyo internacional bien intencionado”, y señalaron como ejemplo el Cicig, a la cual acusaron de ser utilizada como una “herramienta ideológica” por fuerzas políticas en ese país (ellos dos participaron directamente en destruir a ese organismo).

Que estos legisladores en particular se presenten como defensores de la “soberanía” de otro país contrasta de manera espectacular con el hecho de que están entre los principales promotores de la intervención estadunidense en varios países, incluyendo Cuba y Venezuela.