Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México presentó el miércoles su informe de inconsistencias y contradicciones técnicas y científicas del tercer y último dictamen sobre la causa raíz del desplome de la línea 12 del Metro, elaborado por la empresa noruega DNV, y en la ocasión el titular de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, exhibió las razones por las que se rechazó el llamado Análisis Causa Raíz (ACR).

Entre las contradicciones más flagrantes se encuentra la indicación de que las inspecciones rutinarias debieron ceñirse al manual de mantenimiento, al mismo tiempo que se considera a este documento carente de metodologías para establecer criterios de deformación, e incluso dispone que deben revisarse y corregirse. La firma llega a asegurar que no se realizaron inspecciones rutinarias, pero reconoce que se entregaron los resultados de las revisiones efectuadas en 2019 y 2020. Asimismo, el funcionario indicó que en los estudios anteriores la compañía indicó que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista, mientras ahora sostiene que sí eran perceptibles con base en imágenes de Google Street View.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, denunció que hubo un cambio de metodología sin razón alguna entre los reportes entregados en junio y septiembre de 2021, y el presentado en marzo pasado. La funcionaria destacó que el ACR no considera información del tramo espejo, no presenta hipótesis alternativas, no profundiza en el error de diseño de la obra; recurre a imágenes de Google Street para establecer conclusiones, pese a que dicha plataforma reconoce los márgenes de error de los servicios que provee, y pone al mismo nivel los problemas de diseño, construcción y mantenimiento. La semana pasada, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, ya había manifestado que el diferendo con DNV reside en el cambio de metodología empleada en el último informe, y señaló que el tema del mantenimiento fue “sembrado de repente y de la nada”, lo cual supone una sorpresa frente al dictamen técnico final divulgado el 7 de septiembre de 2021.

Cabe saludar que el Gobierno capitalino finalmente dé a conocer el texto que cierra la investigación de DNV en torno al derrumbe de un tramo de la línea 12, aunque es lamentable que se haga de manera tardía, pues debió presentarlo a los ciudadanos desde el momento en que le fue entregado, junto con los motivos por los cuales lo considera inaceptable en forma y fondo.

Los señalamientos de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México muestran la ligereza con que se elaboró un documento del que cabía exigir el máximo rigor metodológico: la razón de ser del contrato otorgado a DNV para efectuar el peritaje de la tragedia se encuentra justamente en evitar que las pesquisas pudieran contaminarse de sospechas de índole política, pero lo que se ha hecho es enrarecer las oportunidades de dar con la verdad. En este sentido, la filtración del dictamen a los medios de comunicación es una inexplicable falta de pulcritud y profesionalismo que coloca una inevitable sombra de duda en torno a la distorsión del documento entero por intereses desconocidos.

En conjunto, la aparición súbita del mantenimiento como causa catastrófica, las inconsistencias entre las fases del dictamen, el recurso a imágenes que no tienen ningún valor como prueba pericial y la infidencia de filtrar el reporte, crearon una situación totalmente indeseable en la que se ha construido un veredicto a partir del golpeteo político y no de las razones técnicas. De este modo, la empresa noruega, o cuando menos su filial mexicana, ha causado un enorme daño a los esfuerzos para esclarecer las causas del accidente y evitar su repetición, y obliga a emprender un “peritaje del peritaje” a fin de dilucidar responsabilidades por un trabajo tan mal dirigido que parece tener una intención no declarada.