La detención arbitraria de Juana Alonzo Santizo, migrante indígena guatemalteca, privada de su libertad desde 2014 en un penal de Reynosa, Tamaulipas, por un delito que no cometió, no es una situación aislada. Las investigaciones apuntan a que en muchos casos los migrantes que son detenidos no cuentan con asistencia consular, no se les ofrece un intérprete y varios de ellos “han sido sometidos a tortura para autoinculparse”, coincidieron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.

En conferencia para demandar la libertad de Juanita –como le llaman sus familiares–, Sofía de Robina, abogada del Centro Prodh, señaló que muchas veces los delitos que se les imputan a los migrantes son “prácticamente los mismos”. Sobre todo en la zona norte del país, “están más asociados con temas de portación de armas y secuestro”, mientras en Tapachula “las mujeres están siendo acusadas de delitos relacionados con la salud o con trata”.

Esta situación, dijo, “evidencia un patrón muy claro de cómo se relacionan con delitos que efectivamente tienen una incidencia real en esos contextos; sin embargo, lejos de realmente investigar, desarticular las redes e incluso investigar la colusión de las autoridades, lo que se hace es criminalizar a las propias personas migrantes”.

Sobre el caso de Juanita, De Robina expuso que el llamado a la Fiscalía de Tamaulipas es a que en la valoración del expediente se pueda dar cuenta de que no existen pruebas suficientes para sentenciarla; por el contrario, “lo que sobresale es que la mayoría fueron obtenidas de forma ilícita”.

Pedro Alonzo y Ana Gómez, tíos de Juanita, invitaron a la sociedad a solidarizarse. “Tenemos la esperanza de que pronto tendremos su libertad, ella sólo es una migrante que quiso cruzar México para llegar a Estados Unidos”, expresaron.