Chalco, Méx. Carmen Sánchez, habitante de Ixtapaluca cuya pareja sentimental le arrojó ácido en el rostro en 2014, denunció que ha recibido amenazas por mantener la denuncia contra su agresor y señaló que personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) le ha pedido no protestar fuera de los juzgados de control, juicios orales y de sentencia del penal estatal de Chalco, donde se encuentra recluido el acusado.
La primera audiencia de la etapa de juicio oral contra Efrén N, acusado de intento de feminicidio contra Carmen, se efectuó ayer de manera parcial a partir de las 8:30 de la mañana, debido a que no llegó el perito en sicología forense de la parte acusada.
Por tal motivo, también fue suspendida la participación de Adriana Reyes Flores, maestra en sicología legal y forense que presentaría, por parte de la víctima, un dictamen especializado en sobrevivientes de tentativa de feminicidio.
“Hoy (ayer) iba a ser la exposición en la audiencia, pero se suspendió porque la defensa solicitó la intervención de otro consultor técnico especialista en sicología que coadyuvaría en el interrogatorio y contrainterrogatorio, pero no asistió”, explicó Reyes Flores.
Reservó los detalles del escrito “porque primero debe ser informado el juez” en la próxima diligencia; no obstante, adelantó que las féminas que sufren este tipo de ataques son revictimizadas porque se les dificulta el acceso a los servicios de salud, ya que los tratamientos que requieren son considerados “estéticos” y no forman parte del cuadro básico.
Por su parte, Carmen y unas 15 activistas que luchan contra la violencia de género arribaron minutos después de las seis de la mañana a los juzgados penales y antes del amanecer proyectaron sobre la fachada imágenes de los antecedentes del caso y “el calvario” que ella ha vivido por casi ocho años.
En entrevista, la mujer narró que padeció violencia intrafamiliar y abuso sexual por parte de su entonces compañero desde 2004 y en ese lapso presentó tres denuncias, pero nunca tuvo apoyo de las autoridades. En 2014 tomó la decisión de abandonar a Efrén, quien le lanzó ácido a la cara.
Estuvo ocho meses hospitalizada y desde entonces ha sido sometida a 61 cirugías, “y vienen nuevos procedimientos quirúrgicos” para tratar de revertir los daños que sufrió en el rostro y cuello.
“Para mí ha sido un proceso largo, de desgaste total y me siento un poco cansada”, refirió la afectada, quien no obstante mantiene su exigencia de justicia.
Sostuvo que ha recibido mensajes intimidatorios y afirmó que miembros de la FGJEM le han pedido que no se manifieste públicamente porque no tiene “necesidad”.
“Mi vida está en riesgo y yo hago responsable a la familia de Efrén, el hombre que intentó asesinarme. Hemos estado recibiendo mensajes tanto en la página de la fundación como al número directo y hoy también nos intimidaron.
“Eso no quiere decir que voy a dejar de luchar. Voy a seguir hasta que él reciba una sentencia, que quede un precedente para que los ataques con ácido comiencen a ser erradicados del país”, recalcó.
Explicó que de cualquier manera se manifestará porque, “de no haber hecho nada, mi caso no estaría en este punto. Sí tengo la necesidad: pasé de víctima a activista”.
Reprochó que hubo siete años de impunidad porque su agresor “no estuvo prófugo, sino que las autoridades nunca lo buscaron”. Como prueba señaló que en 2020 el hombre renovó su licencia de manejo a pesar de existir en su contra una orden de aprehensión.
Fue apenas el 11 de mayo de 2021 cuando Efrén ingresó a la cárcel de Chalco tras haber sido aprehendido en Nuevo León, donde permaneció escondido durante siete años.
Después de unas cuatro horas fuera de los juzgados, ella y las personas que la acompañaron se retiraron como muestra de “prudencia” ante el hostigamiento, no sin antes puntualizar que “la protesta es una lucha para arrancarle un poco de justicia al Estado”.
Carmen creó una fundación que lleva su nombre, la cual tiene como propósito visibilizar este tipo de violencia. De acuerdo con la información que sus colaboradores han recabado, en el país se han registrado 32 registros ataques con ácido a mujeres, seis de ellos en territorio mexiquense.