Luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió diversas recomendaciones a autoridades federales y estatales por violaciones a las garantías de menores de edad, que en 2020 fueron agredidas sexualmente en un albergue de la asociación civil Comisión Unidos vs Trata, que era encabezada por Rosi Orozco, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que las carpetas siguen abiertas, y se indaga la responsabilidad de funcionarios señalados.

Aunque el caso está radicado en el estado de México y Coahuila, debido a que dicho albergue tenía una sede en la Ciudad de México también hay una “intervención” de la fiscalía capitalina.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que la unidad de apoyo al sistema de justicia de la dependencia está en coordinación con el DIF y trabaja de manera coordinada con las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de México para atender el caso.

“En lo que va de este año no ha sido enviado ningún niño a los albergues que se señalan, se está atendiendo la recomendación de los Derechos Humanos”, recalcó.

En tanto, Rodríguez Velázquez explicó que “las carpetas de investigación que están radicadas en el estado de México y la Ciudad de México aún están abiertas, todavía faltan varios pasos en el proceso de judicialización, y aún la fiscalía y los jueces tienen varios procesos abiertos”.

A la par, hay un grupo de trabajo porque hay una problemática “real” en dichos albergues relacionados con la atención de víctimas de trata.

Insistió que hay una coordinación entre Gobernación, el DIF y la Secretaría de Seguridad para tomar decisiones, y “es de atención especial y primordial”.

Mientras que sobre la posible radicación del caso en la fiscalía capitalina en lugar de la mexiquense, expuso que “hay verdaderamente una intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México, estamos cerrando la pinza porque hay un proceso que está en manos del juez”.

Ante los señalamientos de funcionarios de dependencias federales y estatales como posibles responsables de omisiones, apuntó que se están revisando su actuación y no habrá impunidad.