Las Oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) condenaron los asesinatos de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, cuyos cuerpos fueron encontrados el lunes pasado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio de la colonia Cerro Alto en Cosoleacaque, Veracruz.

Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH, destacó que de las dos comunicadoras, más el del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, hace apenas pocos días, “genera consternación y honda preocupación, pues refleja la gravedad del contexto de inseguridad y violencia en la que deben realizar su importante trabajo de las personas periodistas en México”.

Ello es también “un urgente recordatorio de la importancia que las autoridades adopten medidas oportunas y efectivas para cumplir con su obligación de garantizar la protección y seguridad de las personas que ejercen el periodismo frente a cualquier posible amenaza, amedrentamiento o agresión”, aseveró.

El ataque mortal a estas dos mujeres periodistas, igualmente “nos recuerda que es fundamental integrar una perspectiva de género tanto en la investigación judicial como en las medidas de protección, teniendo en cuenta la violencia estructural de género y la menor visibilidad de los riesgos que enfrentan las periodistas por ser mujeres” señaló Fernández Maldonado.

La ONU-DH refirió que ha documentado el asesinato de nueve periodistas y un trabajador de los medios en los primeros cinco meses de este año, en los cuales resulta posible identificar una vinculación entre las actividades periodísticas de las víctimas y las agresiones sufridas. En 2021, ocho periodistas y dos guardias de un medio de comunicación fueron asesinados y otros dos periodistas desaparecidos.

“Reiteramos la vital importancia que tiene poner fin a la extendida impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de los atentados contra periodistas, pues la ausencia de identificación y sanción de los criminales favorece la reiteración de los violentos ataques. Para ello es urgente redoblar esfuerzos articulados en el nivel federal y local para adoptar de manera coordinada medidas preventivas y de investigación capaces de crear un ambiente adecuado para que las personas que ejercen el periodismo en el país, lo hagan con plena libertad y seguridad”, mencionó Fernández-Maldonado.

A su vez, Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México, expuso que si bien ha habido importantes avances en materia de marcos normativos para reconocer y proteger sus derechos, “las mujeres periodistas siguen sufriendo de forma desproporcionada la violencia de género en el ejercicio de su labor”.

Subrayó que es fundamental que las instancias pertinentes incluyan la perspectiva de género “como un elemento central en el proceso de investigación, sanción y reparación, así como en los mecanismos de protección de periodistas, de conformidad con las leyes y los protocolos correspondientes”.

Recordó también que en su resolución sobre La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “se ha subrayado la importancia de adoptar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género a la hora de considerar medidas para garantizar la seguridad de las y los periodistas, en particular para enfrentar de manera eficaz la discriminación por razón de género”, afirmó.

En un pronunciamiento conjunto la ONU-DH y ONU Mujeres recordaron los compromisos nacionales e internacionales que el Estado mexicano ha asumido para proteger y garantizar el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como a una vida libre de violencia y reiteraron su llamado a las autoridades a que realicen investigaciones prontas y diligentes de estos crímenes, donde se agoten todas las líneas de investigación, incluyendo aquellas que pudieran tener relación con la labor que realizaban las víctimas, y a llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

“De forma paralela, se debe avanzar en la atención de las causas estructurales que favorecen estos ataques, para prevenir su reiteración y garantizar de manera sostenible la seguridad de todas las personas que ejercen el periodismo”, aseveraron.