Managua. La justicia de Nicaragua condenó a nueve y 13 años de prisión a dos dirigentes empresariales, críticos al gobierno de Daniel Ortega, cerrando con ellos el ciclo de juicios contra más de 40 opositores detenidos en 2021, dijo una fuente humanitaria.

"El juez cuarto distrito penal de juicio Ángel González condenó (el martes) a 13 años de prisión a Michael Healy", expresidente del Consejo Supremo de la Empresa Privada (Cosep), indicó el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Twitter.

Fue "acusado falsamente de cometer menoscabo a la integridad nacional", añadió el Cenidh, que documenta estos procesos.

Junto con Healy, también fue sentenciado a nueve años de cárcel el ex vicepresidente del Cosep, Álvaro Vargas, por el delito de "conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional", precisó la entidad. Las autoridades oficiales no entregan detalles de los juicios.

Ambos ex dirigentes empresariales fueron detenidos en octubre 2021 y declarados culpables el mes pasado por los delitos que les imputa el gobierno. La lectura de sentencia ocurrió el martes por la tarde.

El juicio se realizó a puertas cerradas en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, conocida como El Chipote.

Al momento de su detención, Healy y Vargas eran presidente y vicepresidente, respectivamente, del Cosep, un gremio empresarial que criticó la represión del gobierno contra las manifestaciones sociales que estallaron en 2018, que dejaron 355 muertos.

Los cuestionamientos provocaron la ruptura de la alianza que los empresarios tenían hasta ese entonces con el gobierno de Ortega en temas económicos.

En El Chipote están recluidos la mayoría de los 46 opositores que fueron detenidos el año pasado. Uno de ellos, Hugo Torres, murió enfermo en un hospital tras pasar varios meses encarcelado.

Entre los que han recibido condenas, figuran siete que aspiraban a disputar la presidencia a Ortega en las elecciones de noviembre, donde el ex guerrillero obtuvo su cuarto mandato consecutivo desde 2007.

Todos fueron sentenciados a penas que van de ocho a 13 años de prisión por menoscabo a la integridad y otros delitos. "Con estas condenas se cierra el ciclo de persecución judicial contra los presos políticos del Chipote y bajo arresto domiciliar", dijo el Cenidh.