El titular del Ejecutivo federal presentó el 28 de abril a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma electoral. La oferta de reformar 18 artículos constitucionales es la primera oferta en esa materia que se hace desde el nuevo modelo político, iniciado en 2018.
Es la primera reforma que, confeccionada desde el máximo poder del Estado, se hace de manera transparente y con máxima publicidad. Por ello, ya merece un amplio reconocimiento. Sólo la reforma propuesta por Francisco I. Madero, en 1911, y ésta es reconocida por sus autores intelectuales. De las anteriores reformas los historiadores hemos descubierto más por azar que por testimonios directos, que se han elaborado en la oscuridad de los laberintos del poder. Después de estudiar durante años las elecciones mexicanas, puedo señalar a algunos de sus creadores: Andrés Serra Rojas, Luis del Toro Calero, Rodolfo González Guevara, José Luis Lamadrid, Arturo Núñez o Jorge Alcocer. Sin embargo, ninguno dejó testimonio biográfico de las maneras en que se originaron las reformas electorales del largo periodo que va de 1951 a 2014.
La reforma actual, elaborada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, parte de un diagnóstico discutible, pero conciso y preciso: México necesita con urgencia una modernización de su sistema electoral. Hacerlo representativo y plural en el marco de la austeridad económica:
Al proponer la elección directa de consejeros y magistrados electorales se reivindica al sufragio como una función ciudadana consustancial a la democracia. La importancia de esta cuestión es enorme si conocemos la manera tan corrupta en que se han integrado históricamente esos dos organismos. El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales, es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a escala nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes. El sistema de elección propuesto hace posible que los ciudadanos sean electores en forma inmediata sin intermediarios partidistas. El peso ciudadano crecerá en automático. El nuevo instituto y tribunal reflejarán de mejor manera el sentir de la ciudadanía.
La reforma propone eliminar 200 diputados federales y 32 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. Su elección será a través del sistema de listas por entidad federativa, donde de manera igualitaria competirían partidos y candidatos independientes. La aplicación de este método daría como resultado la representación plural más amplia y objetiva existente en la historia de la nación. Se borra de un plumazo la vieja forma chantajista de relación entre gobierno y fuerzas partidistas, que descansó, desde 1951, en el juego simulador de ampliar las cámaras para negociar a cambio la legitimidad política.
Se propone terminar el financiamiento a la partidocracia mexicana. Al limitar el financiamiento de los partidos políticos únicamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les entrega mensualmente; al mismo tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos. Desde la reforma electoral de 1977, los dirigentes de los partidos políticos se convirtieron en los únicos interlocutores del gobierno. Las consecuencias no pudieron ser más nefastas: el gobierno registró partidos a su conveniencia y los que se registraban sólo exigían para legitimarlo, todo tipo de prebendas: concesiones de radio y televisión, dinero para gastos ordinarios y techos increíblemente altos de recursos económicos para campañas políticas. Desde 1989, fue la triste historia del Partido Acción Nacional y el gobierno en turno.
Propaganda electoral. La presente reforma propone un nuevo modelo de comunicación política que se centra en el acceso de partidos políticos y candidatos independientes a radio y televisión, mediante los tiempos oficiales del Estado. Su objetivo es procurar la difusión efectiva de mensajes propositivos de los partidos. Para ello, se pautarán mensajes con una duración no menor a un minuto. En este sentido, desde el inicio del proceso y hasta la celebración de la jornada electoral, se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se asignará 90 por ciento de dichos tiempos a los primeros dos y 10 por ciento al instituto para la difusión de mensajes informativos relacionados con la contienda electoral. En una palabra, se privilegia a los jugadores no al árbitro.
La reforma electoral contiene más ejemplos para impulsar la modernización política. Discutámosla.
