Desde hace más de siete años, Juana Alonzo Santizo, migrante indígena guatemalteca, se encuentra privada de su libertad en un penal de Reynosa, Tamaulipas. Aunque existe una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas para que sea liberada, la mujer de 33 años sigue presa, acusada de secuestro. Organizaciones que acompañan el caso señalaron que la detención de Juanita –como la llaman–, se realizó en una casa de seguridad donde el pollero que supuestamente la llevaría a Estados Unidos la retuvo junto con otras dos personas.
Fue golpeada, torturada y amenazada para autoinculparse. Prácticamente no hablaba español en ese momento y no entendía qué era lo que sucedía; además, “temía de las fuerzas de seguridad y del sujeto la tenía retenida en esa casa”, expuso Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.
Familiares de Juanita forman parte de la XVI Caravana de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos en México, quienes sólo mediante esta vía han podido visitarla dos ocasiones, ya que no cuentan con los recursos suficientes para el viaje.
En entrevista, Núñez detalló que la indígena maya chuj salió de su natal San Mateo Ixtatán en 2014 rumbo a Estados Unidos, con el propósito de encontrar un trabajo para ayudar a su familia. Es de un municipio “con una historia de marginación, de violencia hacia las comunidades originarias en Guatemala, en específico a la maya chuj, y por lo mismo hay una fuerte migración de su comunidad”.
La detención se hizo en Tamaulipas, cerca de la frontera, por parte de policía estatal, luego de que una de las agraviadas logró denunciar que estaba privada de su libertad. “En el expediente se hace referencia a que la persona con la que fue detenida también fue amenaza y obligada a señalar a Juanita como la victimaria”, mencionó.
Ante ello, por gestiones de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se da seguimiento al proceso.
Tras un análisis del expediente, el Grupo de Trabajo determinó que la detención de Juanita es arbitraria “porque no hay sustento legal para acusarla” y, sobre todo, por “las violaciones a los derechos humanos”, expuso Núñez.
La entidad de Naciones Unidas recomendó, en septiembre de 2021, al Estado mexicano ponerla en libertad en un plazo no mayor a seis meses, periodo que ya venció.
En este contexto, y en el marco de la XVI Caravana, diversas organizaciones, entre ellas Promotores de la Libertad Migrante, exigen su excarcelación inmediata.
