Los servicios médicos de especialidad están incluidos en el plan de salud federal. Desde diciembre de 2020 son gratuitos y, aunque los recursos económicos –8 mil millones de pesos– están disponibles desde entonces, por corrupción e ineficiencia administrativa, en algunos lugares los pacientes siguen pagando por medicamentos, dispositivos y material de curación, afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).
Nunca antes se había hecho el cálculo de lo que representaba el gasto de bolsillo hospitalario. El monto de 8 mil millones de pesos –adicional al presupuesto regular de operación– se definió mediante encuestas con los pacientes sobre lo que gastaron durante su hospitalización.
“Quién sabe cómo” conseguían el dinero y se realizaban las cirugías y tratamientos que les eran prescritos. Tuvieron que comprar endoprótesis de cadera o rodilla, placas y tornillos para reducción de fracturas, marcapasos y diversos dispositivos para el manejo de la enfermedad cardiaca, todos de alto costo y con frecuencia en los lugares donde les indicaron los médicos, es decir, ha sido una fuente de corrupción, dijo.
En entrevista con La Jornada, Reyes Terán comentó que el Instituto Nacional de Salud Pública realizó el estudio económico, con base en el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el dinero en 2021 y 2022. Para los 26 institutos, hospitales federales y regionales de alta especialidad que dependen de CCINSHAE, representó un incremento de entre 30 a 80 por ciento de sus recursos económicos el año pasado, por lo que “no hay excusa: los pacientes no deben pagar nada. El servicio es gratuito”, sostuvo.
Anticipó que se necesitará más dinero para los enfermos que antes no lograron cubrir el costo de medicinas, dispositivos y material de curación y que no habrían regresado a los nosocomios. “Eso pasaba, la gente no podía pagar y se iba a su casa con el dolor de la fractura no atendida o a morir con la enfermedad sin tratamiento”.
Con la transformación del sistema sanitario, bajo la coordinación de IMSS-Bienestar para garantizar el acceso a la atención médica de personas sin seguridad social, está previsto que haya la vinculación entre el primer, segundo y tercer nivel de atención. Este año es de transición, a fin de que en 2023 la referencia de pacientes a hospitales de alta especialidad sea efectiva, así como los medicamentos gratuitos, explicó el funcionario.
Reyes Terán reveló evidencias de la corrupción e ineficiencia administrativa que ha imperado en institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, que son organismos públicos desconcentrados, es decir, tienen autonomía de gestión.
Entre otras anomalías están obras inconclusas. Hubo dinero para cada una, pero “con pretextos, los directivos se robaron el dinero”.
El Instituto Nacional de Pediatría inició la construcción de un edificio en 2013 y se detuvo en 2015. El titular de CCINSHAE señaló como responsable al ex director Alejandro Serrano Sierra, quien duró 10 años en el cargo (2011-2021) y no hizo nada para concluir ese trabajo, afirmó.
Otro caso es el Instituto Nacional de Perinatología, con una obra que inició en 2008. Se detuvo en 2010 y ahí sigue en obra negra.
Reyes Terán también destacó la situación del Hospital General Manuel Gea González, donde además de una torre inconclusa, detenida desde 2019, hay severos cuestionamientos a la gestión del ex director Octavio Sierra Martínez. “Podría ser igual o peor respecto de lo que detectamos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez” en 2019, donde los equipos quirúrgicos se guardaban y los pacientes tenían que pagar la renta con proveedores privados. Por estas y otras anomalías, el entonces director, Miguel Ángel Celis, fue destituido.
Reyes Terán señaló que se requiere concluir las obras mencionadas y otras indispensables en los hospitales de la Mujer, General de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entre otros.
