La independencia de Tejas, en 1836, es un caso muy raro, cuando un grupo de inmigrantes, aceptados por un país soberano, luego se rebelan, declaran la guerra y se independizan. Desde ese momento las relaciones, ahora con Texas y los texanos, se volvieron complicadas. Los inmigrantes que se convirtieron en invasores, no sólo se sienten ahora conquistadores de un territorio al que tienen derecho, sino que también se sienten agredidos y recuerdan una y otra vez a su población lo que pasó durante la guerra: Remember Alamo, para tenerlo siempre presente y marcar distancias.
Por añadidura, Texas es un estado sureño, con todas sus connotaciones racistas hacia los negros, pero también hacia los mexicanos, a los que ponen en la misma categoría, como los carteles que se colocaban en algunos establecimientos: “No negroes, No mexicans, No dogs”. El racismo en contra de los mexicanos viene de atrás (1870), con la aplicación, a nivel estatal, de las leyes racistas, segregacionistas y discriminatorias conocidas como Jim Crow. El racismo implica un desprecio hacia el otro, al considerarlo inferior y esa actitud persiste hasta hoy en día, en parte de la población y en muchos políticos, como el actual gobernador de Texas.
El racismo texano fue denunciado expresamente por el gobierno mexicano durante el Programa Bracero, que excluyó a este estado de las negociaciones, asunto que le afectó muy poco porque sabían que los trabajadores mexicanos llegaban por su cuenta y riesgo. Algo que persiste hasta hoy, como diría el profesor Simón Izcara: “los texanos son adictos a la mano de obra barata”.
Otra evidencia del doble estándar que se solía utilizar en Texas con los mexicanos es la Texas Proviso, de 1952, una disposición legal donde se considera delito trabajar como indocumentado, pero al mismo tiempo se exime al empleador de cualquier culpa al contratar un indocumentado.
La historia de agravios es larga. Por decir algunos, habría que recordar que Texas no aceptó las disposiciones de la Corte Internacional de la Haya sobre el caso Avena, que obliga a la policía a notificar al consulado en caso de que un mexicano sea procesado. De hecho, el estado de Texas ha ejecutado a tres mexicanos, sin cumplir con esta disposición.
Hace poco, un juez texano, obligó al presidente Joe Biden a reinstalar el programa Quédate en México, que se había negociado con Trump, por el cual el gobierno mexicano se compromete a recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos que tienen pendiente sus citas en la corte. Ahora resulta que un juez texano, de cuarta categoría, es capaz de forzar acuerdos internacionales.
Por otra parte, vale la pena recordar dos casos pendientes en los juzgados, de madres mexicanas que han sido acusadas de asesinar a niños.
El caso de Rosa Jiménez encarcelada de por vida, con una sentencia de 90 años, expuesto por Lucía Gajá en el impresionante documental Mi vida dentro, que se puede ver en YouTube y, el más reciente, de Melissa Lucio, acusada de asesinar a su hija de dos años, que espera ser ejecutada y sobre quien también se puede ver el documental The State of Texas vs. Melissa, dirigido por Sabrina Van Tassel.
Ambas películas, además de estrujantes, ponen en evidencia la manera en que la justicia texana se ensaña en el caso de mexicanos, donde, a todas luces, se trató de accidentes o descuidos al cuidar a los niños, pero no de asesinatos.
Y ahora viene el gobernador de Texas, Greg Abbott, a chantajear a México con fines estrictamente de votos, de cara a su relección, algo que hace ya unas décadas (1994) hizo Pete Wilson, gobernador de California, con la Proposición 184, que le sirvió para ganar la relección. Ese fue el comienzo de una serie de campañas antimexicanas con fines de conseguir votos, especialmente en Arizona, California y Texas y que llegaron a su cenit con el caso de Trump y la presidencia de Estados Unidos.
Llama la atención que con 39.3 por ciento de población hispana en Texas, los representantes con apellido hispano sean tan sólo 5 de 33, de los cuales cuatro son demócratas y uno republicano y que, en el Senado, con apellido hispano, sólo figuren seis de 31, todos demócratas. El apellido es un indicador burdo y es posible que falten algunos representantes y senadores hispanos, pero de todos modos es alarmante la situación y la poca presión que pueden ejercer.
También llama la atención que, ante la agresión texana de hace unos días, al imponer revisiones excesivas al transporte de carga, la reacción de algunos gobernadores fronterizos haya sido agacharse y correr a firmar acuerdos.
La relación con Texas hay que tomarla en serio a nivel federal y estatal y tener respuestas inmediatas. En este caso de las revisiones, Ciudad Juárez tiene la opción de evitar el cruce por Texas y desviar el tráfico por Nuevo México; en los otros cruces fronterizos se puede responder con la misma moneda, revisiones técnicas a todos los camiones de carga que lleven productos como destino final al estado de Texas, lo que afectaría directamente su economía y generaría reclamos inmediatos.
Una por otra.
