La auditoría externa que revisó los estados financieros de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) rehusó, por tercer año consecutivo, emitir una opinión sobre el tema. La diferencia es que en los dos primeros años detectó inconsistencias en una entidad de reciente creación y en el marco de una pandemia que retrasó la entrega de información. Sin embargo, en 2021, además de revelar millonarios faltantes, se excusó por “dudas razonables y reservas manifiestas sobre la veracidad de la información financiera” que le fue entregada.
“No tenemos la certeza de que durante el curso de la auditoría nos hayan revelado la información relativa a posibles fraudes, denuncias o sospechas de fraude, donde presumiblemente pudiesen estar involucrados empleados, ex empleados y funcionarios que desempeñan funciones significativas en el control interno, que pudiesen haber originado quebrantos que puedan tener un efecto material en los estados financieros de la entidad”, concluye el despacho auditor Salles Sainz Grant Thornton, en uno de los documentos de la Cuenta Pública 2021.
La consultora revela inconsistencias por 476 millones de pesos en los inventarios, otros 29 millones de pesos faltantes –que se arrastran desde 2019 por gastos que no comprobaron tres ex funcionarios ya denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR)–, supuestos adeudos con centros de acopio por 422 millones de pesos que no pueden ser acreditados y un conjunto de “saldos acreedores por mil 11 millones de pesos” sin identificar y analizar, por lo que “se desconocen las operaciones que dieron origen a los mismos”.
Poca confianza en datos
El documento fechado el 22 de marzo de 2022 recalca la poca confianza en la información que le fue entregada por Segalmex para realizar la autoría externa. Menos de un mes después, el 19 de abril, Ignacio Ovalle Fernández, quien era titular del organismo, fue reubicado en otra área del gobierno federal. Además de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, hay un proceso en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la FGR por un desfalco que podría alcanzar 10 mil millones de pesos (https://bit.ly/3LUpj2l).
La denegación (abstención) de opinión en un informe de auditoría se da cuando hay “una incertidumbre significativa” sobre la información analizada. Desde su primera revisión en 2019, el auditor externo encontró recursos sin comprobar, así como la “debilidad en procedimientos y falta de controles internos”. En 2020, de nuevo las inconsistencias, pero en esta ocasión la pandemia de covid llevó a que Segalmex tuviera “dificultades para organizarse” y eso llevó a “rezagos y omisiones” en la entrega de información a ser revisada.
Para la auditoría externa que integra la cuenta pública 2021 “tuvimos diversas limitaciones para efectuar nuestro trabajo, por lo que no pudimos satisfacernos del correcto registro contable de diversos montos”, reportan los auditores externos. Entre ellos el de inventarios, cuyo monto asciende a 2 mil 43 millones de pesos según el estado financiero, pero que tiene una diferencia de 476 millones 864 mil pesos con las existencias de maíz y frijol reportadas en el Sistema de Precios de Garantía (Siprega) y que “no fue explicada, aclarada ni conciliada por los funcionarios responsables”.
Saldos sin identificar
“En el curso de nuestra auditoría pudimos verificar que el Siprega no reportaba diversos requerimientos necesarios para depositar nuestra confianza en la revisión de los inventarios de la entidad”, recalca Salles Sainz Grant Thornton.
En esos 2 mil 43 millones de pesos se “incluyen saldos acreedores por mil 11 millones de pesos” sin identificar y analizar. Tampoco se pudieron realizar verificaciones entre lo reportado y los inventarios físicos de los centros de acopio. A su vez, en el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, y en concreto en el deudores diversos, se incluyen cuentas a nombre de centros de acopio de frijol y maíz por 422 millones 479 mil pesos que no están respaldadas por documentos.
Se detectó una cuenta por cobrar de 127 millones 585 mil pesos a proveedores que no entregaron los productos solicitados de una compra consolidada de 2019. Otros pasivos por operaciones con abastecedores por 256 millones 893 mil pesos sin pruebas de que se hayan recibido los servicios o bienes, así como una depuración de saldos sobre los cuales no se puede corroborar la “veracidad y legalidad”.
Salles Sainz Grant Thornton señaló que durante el proceso “hubo una falta de atención significativa para entregarnos de manera oportuna la información y documentación que hemos requerido para realizar nuestra auditoría”.
