La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que no hay evidencias de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Daniel Chavéz Morán, presidente de Grupo Vidanta, hayan incurrido en conflicto de intereses.
Por falta de elementos, la Direc-ción General de Denuncias e Inves-tigaciones de la SFP dio por conclui-da la investigación iniciada en febre-ro, cuando recibió la denuncia por posible conflicto de intereses, cohecho y soborno en la que se mencionó al hijo del mandatario José Ramón López Beltrán y a las empresas KEI Partners y Baker Hughes.
La denuncia fue interpuesta luego de conocerse que López Beltrán fue contratado en Estados Unidos por una empresa en la que son accionistas dos hijos de Chávez Morán, empresario nombrado por el gobierno federal como supervisor honorario del Tren Maya.
A principios del año se difundió información de que López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, habían vivido en una residencia en Estados Unidos propiedad de un directivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. López Beltrán manifestó no haber incurrido en hecho irregular alguno al vivir ahí y explicó que sus ingresos los obtiene con su trabajo como abogado en KEI Partners, firma de la que son socios los hijos de Chávez Morán.
La secretaría a cargo de Roberto Salcedo Aquino indicó ayer en una tarjeta informativa que abrió una investigación el 16 de febrero, siguiendo el debido proceso establecido por la ley, con objeto de reunir información para acreditar la veracidad de los hechos dados a conocer en la denuncia.
“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares.”
Tampoco acreditó que Chávez Morán recibiera algún sueldo o pago por parte del gobierno federal por su labor como supervisor del Tren Maya o que ejerciera funciones de servidor público.
De igual modo descartó irregularidades en los permisos y concesiones que Grupo Vidanta ha recibido del gobierno federal.
Respecto a los señalamientos en contra de López Beltrán, la SFP indicó que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la administración pública federal ni tampoco sobre los celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en la denuncia acerca de la empresa KEI Partners.
“Sobre la base de las evidencias, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP emitió el Acuerdo de Conclusión por Falta de Elementos, el cual fue notificado el día de hoy”, dijo la dependencia.
“La SFP ejerce sus atribuciones de investigación y sanción con sustento en las pruebas recibidas y recabadas,y con respeto al debido proceso.”
