La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió a la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Recomendación General 01/2022, sobre las órdenes y medidas de protección como mecanismos de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, “al persistir una serie de patrones de violencia institucional”.

Se trata, dijo la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, de contribuir a la transformación estructural para la garantía de una vida libre de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, por lo que se analizaron 21 expedientes que datan del 2017 a 2021.

De ellos, 16 versan sobre violencia familiar; en 11 casos los agresores fueron las parejas o exparejas; y el resto los hijos u otros familiares; mientras, en cinco se refiere alguna forma de violencia sexual, dos fueron niñes y una mujer con discapacidad.

La ombudsperson señaló que en dos casos los imputados son servidores públicos y dos más el progenitor de las niñas o niños víctimas, por lo que urge una valoración contextual e interdisciplinaria para identificar la situación y las necesidades de cada víctima.

Así como mecanismos más efectivos de protección al persistir una serie de patrones de violencia institucional con motivo de la denuncia e investigación de casos de violencia en contra de mujeres en diversas áreas de la FGJ.

Detalló entre ellos no dar credibilidad a las víctimas, mecanismos de entrevista que suelen ser revictimizantes, y dificultad para iniciar la denuncia por falta de sensibilidad, empatía o interés de las personas servidoras públicas.

Otros son prejuicios y estereotipos como criterio de oportunidad o línea base de las hipótesis de investigación; demoras en la indagatoria, falta de solicitud o efectividad de medidas de protección; y pérdida y filtración de información, entre otros.

Para erradicar y combatir la violencia de género, enfatizó, se requieren modificaciones inmediatas y sostenidas a nivel estructural que deriven en el cumplimiento de las obligaciones de cada autoridad involucrada, pues en 90 por ciento de los casos, las medidas de protección fueron insuficientes o no se acordaron.

Recomendó a la Fiscalía General de Justicia seis puntos, como elaborar un protocolo que establezca un mecanismo de supervisión relativo a las medidas u órdenes de protección; y otro para la elaboración de valoraciones de riesgo.

Así como el desarrollar un taller o un curso especializado sobre el contenido y aplicación obligatoria del Modelo Único de Atención.

Mientras, a la Secretaria de Seguridad le dirigió dos puntos a través de los cuales se le recomienda implementar un mecanismo de supervisión que garantice que las acciones solicitadas mediante el “Código de Atención Ciudadana” a favor de las víctimas, se realicen de manera inmediata.

Además de revisar e impulsar el desarrollo y las atribuciones de la Unidad Especializada de Género de dicha institución, de manera que tenga mayor participación en casos de violencia contra mujeres de los que tenga conocimiento, indicó la ombudsperson.