El gobierno federal se propuso “alcanzar la autosuficiencia alimentaria y rescatar el campo” con programas como el de precios de garantía en maíz y frijol, operado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sobre el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que sólo apoyó a 106 mil de 2.6 millones de productores de granos básicos en 2020, así como la estrategia Producción para el Bienestar que el año pasado incorporó a 2.1 millones de 4.6 millones de unidades de producción.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) planteó que con un “cambio de paradigma” prevé, por ejemplo, que en 2024 las importaciones de maíz amarillo, que ahora son de entre 16 y 17 millones de toneladas al año –73 por ciento de la demanda nacional–, bajarán a unos 7 millones de toneladas, lo cual se lograría con el impulso a la producción en el sureste del país.

Asimismo, plantea aumentar la producción de otros granos básicos de los que el país es altamente dependiente. Pese a ello, este 2022 las importaciones agroalimentarias mantienen la tendencia al alza que se registró desde el año pasado, ya que tan sólo en el primer bimestre subieron 20 por ciento.

En este viraje para “atender los rezagos acumulados por varias décadas” se establecieron al comienzo de la actual administración, además de esos programas, Bienpesca, Distribución de fertilizantes químicos y biológicos y se creó Segalmex, integrando Diconsa y Liconsa, “todos ellos enfocándose a productores y pescadores de pequeña y mediana escala, con preferencia en la región sur-sureste”, indica el documento Diez razones para apostar por el cambio a favor del campo mexicano: comparativo Producción para el Bienestar versus Procampo/Proagro de la Sader.

Los antecedentes de Producción para el Bienestar son Procampo y ProAgro, que operaron en sexenios pasados, tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El año pasado atendió a menos de la mitad de las unidades de producción que hay en el país: 2.1 millones de menos de 20 hectáreas, en las que se cultiva maíz, frijol, trigo y arroz, así como café, caña de azúcar, cacao, amaranto y chía.

En el documento comparativo se argumenta que con los programas anteriores se apoyaba a productores sin límite de superficie. Ahora, diversas organizaciones han criticado que en ese programa quedan fuera los medianos productores, que tienen más de 20 hectáreas, y que representan 32 por ciento de 4.6 millones de unidades de producción.

Estos programas son insuficientes, “es indispensable que se rediseñe el presupuesto de apoyo al campo, abandonar la visión asistencialista y dar paso de una vez por todas a una política de Estado para el campo”, consideró el líder de la Central Campesina Independiente, José Amadeo Hernández. También el Consejo Nacional Agropecuario ha señalado que se debe apoyar a todos los productores, no sólo a los pequeños.

En este contexto, el presupuesto de la Sader tiene una tendencia decreciente, en 2015 fue de 92 mil 142 millones de pesos, en 2020 fue de 47 mil millones 576 millones, mientras para este año tuvo un aumento de 7.70 por ciento respecto a 2021, con 53 mil millones de pesos, aunque en términos reales fue de 1.5 por ciento.