A pesar de la lluvia de amparos, “el Tren Maya va”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Enfatizó que el rechazo al proyecto tiene que ver con intereses de dinero, pues hay más de mil 550 kilómetros de vía –a lo largo de cinco entidades– y el tramo más cuestionado es el 5 (Cancún-Tulum), de apenas 120 kilómetros.
“Sabíamos que había mucho tiburón por acá”. Y ubicó en esa región a compañías que, dijo, han dañado el medio ambiente, como Grupo Xcaret y Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadunidense Legacy Vulcan.
Durante la mañanera, se le preguntó sobre la nueva suspensión provisional que un juez de distrito, con sede en Yucatán, concedió a la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, con sede en Cancún, con la que se paralizan por el momento las obras del tramo 5.
“Vamos a enfrentar a estos grupos de intereses creados, a sus voceros y achichincles, pero el tren va”. Se dijo cada vez más convencido de que los “seudoambientalistas” opositores a la obra “son unos farsantes”, y volvió a destacar que quienes han presentado esos recursos legales no son campesinos, ejidatarios ni pequeños propietarios.
Recordó que durante el diseño y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se tramitaron incluso más amparos a los actuales, y finalmente la terminal aérea ya opera, por lo que confió en que el proyecto ferroviario continúe y se inaugure en diciembre de 2023.
“No vamos a dar ni un paso atrás. Ellos (los opositores) tienen todo el derecho de acudir a las autoridades y cuentan con el apoyo de miles de abogados. Siempre he dicho que el conservadurismo en México es muy fuerte, como en el mundo; deben tener entre sus vanguardias, los más recalcitrantes y simpatizantes, como 25 millones (de personas). Es una fuerza considerable, y en el Poder Judicial (tienen) mayoría. Pero la verdad y la justicia son fuerzas muy poderosas.”
Interrogado sobre el acuerdo que suscribió y se publicó en el Diario Oficial de la Federación a finales del año pasado para avanzar en la construcción, aseguró que lo hizo con la finalidad de avanzar en la obra, pues sus opositores desean que su gobierno no cumpla las metas.
“Si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo. Eso es lo que quieren; a ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo. Yo debo cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses del pueblo. Dicen: ‘es que no hay permiso’, la famosa MIA (manifestación de impacto ambiental); parte del acuerdo fue para que hubiera tiempo y se tuvieran bien las cosas, porque nadie quiere destruir el medio ambiente; a lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, por las causas justas, por la justicia, y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte”.
Para ejemplificar, se refirió a Claudio X. González y su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (a la que no mencionó por su nombre) y retó a que si en verdad luchan contra ese flagelo, transparenten de dónde reciben financiamiento, incluidos los fondos del gobierno de Estados Unidos.
