Ante la pregunta de una reportera, el presidente López Obrador extendió un aval, cuando menos provisional, a Alejandro Gertz Manero, el muy impugnado titular de la Fiscalía General de la República (FGR). “No estoy yo pensando yo (sic) en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave; eso es lo que establece la ley”, respondió el político tabasqueño.

Se insistió en preguntarle si no consideraba graves las acusaciones hasta ahora hechas, y el Ejecutivo federal contestó: “no lo considero, no lo considero. Y hay que ver a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces, siempre hay diferencias, intereses, y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México” (https://bit.ly/37XY602)./

De entrada, resulta llamativo que el Presidente utilice en el caso del fiscal Gertz la plausible tesis de la política como algo ajeno al maniqueísmo, a la división entre malos y buenos, justamente cuando en la discusión pública está el ardiente etiquetado morenista de sus opositores, legislativos y partidistas, como traidores a la patria a partir de la votación de la reforma eléctrica.

No es un dato menor, por otra parte, que entre los acusadores formales del fiscal Gertz esté Julio Scherer Ibarra, quien durante el primer tramo obradorista fue ni más ni menos que el consejero jurídico de la Presidencia.

Sin ese peso, diríase que ex institucional, pero sí con una serie de señalamientos hasta ahora no atendidos ni esclarecidos, esta parte de la familia que fue del hermano del fiscal, a una de cuyas integrantes se mantuvo en prisión durante 528 días, hasta que la Corte intervino para frenar las acciones con abierto tufo de venganza familiar o de protección de datos financieros secretos.

Alecxaí Yllades, Dalia Lara y Luis Gerardo Domínguez recuerdan que Ángel Yael Ignacio Rangel, asesinado por un guardia nacional en Irapuato, Guanajuato, “continuamente afirmaba: ‘la ciencia es mi prioridad’”. Además, tenía una gran pasión por el diseño y planes de emprender un negocio junto con sus amigos. Era miembro fundador de una organización juvenil por la ecología y costeaba sus estudios vendiendo productos de cuidado de la piel elaborados por su familia”.

Agrupados bajo la denominación “Fuga de Cerebros”, los jóvenes plantean: “si de verdad buscamos ‘abrazos, no balazos’ en Guanajuato y en el resto del país, no podemos reducir nuestras exigencias a despedir o encerrar al miembro de la Guardia, quien sólo sigue la ruta de acción del proyecto nacional de seguridad. Es necesario demandar mayor transparencia en los cuerpos de seguridad, investigaciones sobre los presuntos ‘criminales’ asesinados, reconsiderar la presencia de los militares en los operativos contra el robo de combustibles y que se abandone el discurso oficial que justifica la criminalización de jóvenes. No queremos más militarización disfrazada de ‘seguridad’. Exigimos memoria, verdad y justicia” (https://bit.ly/3MIFrns).

En otro tema: ayer se cumplió un año de la caída trágica de un tramo de la Línea 12 del Metro, a la cual en su momento se denominaba Dorada y era presumida como ejemplo de calidad y modernidad. Con 26 muertos y unos 80 heridos como saldo, no hay detenidos ni consignados por lo que ha pretendido asignarse a problemas con unos pernos equívocamente instalados.

No hay sanción para ningún servidor público de primer nivel, ya fuera el inaugural Marcelo Ebrard, o el señalado por no dar mantenimiento adecuado, Miguel Ángel Mancera, o Claudia Sheinbaum, durante cuya administración hubo denuncias y evidencias de fallas estructurales. Es probable que todo quede a nivel del ebrardista Enrique Horcasitas, quien fue director del Proyecto Metro.

Y del Grupo Carso, de Carlos Slim, sólo se ha visto que ha soltado cheques para garantizar que no haya acusaciones en su contra, aprovechando la figura de los “acuerdos reparatorios”, con ayuda de autoridades del máximo nivel. ¡Hasta mañana!

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