Ha llegado la hora para una renovación integral de la burocracia electoral heredada del viejo sistema neoliberal. Tanto los gastos excesivos de los órganos administrativos y judiciales en materia electoral como la parcialidad política de los consejeros y los magistrados constituyen una burla a la inteligencia y a la sensibilidad ciudadanas.
Los partidos políticos también requieren de una buena sacudida. El enorme flujo de recursos públicos que reciben cada año, junto con su falta de procesos democráticos internos, ha dado pie a burocracias indolentes y ejércitos mercenarios que terminan por alejar los institutos políticos de la ciudadanía y las causas populares.
La propuesta de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado al Congreso de la Unión tiene el propósito de atender de raíz estos dos males endémicos que trastocan nuestro sistema democrático. Ya era hora de que la Cuarta Transformación, como un proyecto colectivo y libertario que busca instalar nuevas claves para la convivencia política en la sociedad, llegara a los órganos electorales y los partidos políticos.
El elemento más valioso de la reforma de López Obrador es la propuesta de renovar la totalidad de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como remplazarlos con un nuevo conjunto de consejeros y magistrados electos directamente por la ciudadanía. Esta propuesta audaz comprueba la vocación radical del Presidente, quien siempre busca arrancar los problemas de raíz en lugar de solamente atender los síntomas.
Para nadie es un secreto el enorme descrédito en que han caído los actuales funcionarios y jueces electorales. Parecieran no tener límites su cinismo, su soberbia y su parcialidad al negarse a ejercer la más mínima autocrítica con respecto a su desempeño. Para casi todos los consejeros y magistrados actuales el descarado fraude en las elecciones presidenciales de 2006 no pasa de ser una fantasía de López Obrador y todas las críticas contra las autoridades provendrían de la desinformación de la población o serían motivadas por intereses políticos o personales.
Urge romper con la burbuja de autocomplacencia burocrática que separa cada vez más al INE y al TEPJF de la ciudadanía. El despido sumario de los consejeros y magistrados actuales constituiría un excelente primer paso, como recordatorio y lección histórica de que nadie tiene el derecho a colocarse por encima de la ciudadanía y que el pueblo tiene en todo momento la prerrogativa de revocar el mandato de los funcionarios que incumplen con su mandato legal y popular.
Ahora bien, el sistema actual de nombramiento de los consejeros y los magistrados por las cámaras del Congreso de la Unión ya caducó. La intervención directa de las fracciones legislativas de los partidos políticos en la selección de los funcionarios y jueces electorales garantiza el establecimiento de relaciones de complicidad entre los nombrados y sus padrinos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado. La situación actual es como si los equipos de futbol eligieran al árbitro, las grandes empresas oligárquicas a los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica o los delincuentes a los jueces que los juzgarían en tribunales. La única manera de asegurar la plena independencia de un órgano regulador es asegurando que los entes regulados, en este caso los partidos políticos, se mantengan al margen del proceso de selección de los integrantes de los entes reguladores, aquí los consejeros y magistrados electorales.
Este problema no se resolvió con la creación de un Comité Técnico de Evaluación de los perfiles de los candidatos al Consejo General del INE, incluida en la reforma electoral de 2014. Como miembro de este comité durante el último proceso de selección en 2020, me consta que, si bien este órgano sí ayuda a introducir algunos criterios técnicos en el proceso de revisión de perfiles, de ninguna manera se encuentra plenamente independiente del juego político en San Lázaro (https://bit.ly/3Kv3Qvf).
Ahora bien, el otro eje clave de la reforma de López Obrador es la eliminación total del financiamiento público para las burocracias partidistas. Tal como señala la iniciativa firmada por el Presidente de la República, “el sostenimiento de [la] estructura burocrática [de los partidos políticos] durante tiempos no electorales nunca ha terminado de justificarse socialmente, dada la proliferación de élites partidistas ajenas al interés público y representatividad ciudadana”. López Obrador aquí toma una postura clara con respecto a la gestión actual de Morena, donde el presidente del partido, Mario Delgado, ha utilizado las amplias prerrogativas del partido para financiar una estructura paralela llena de mercenarios que ha destruido la vida orgánica del partido y alejado este instituto político de la militancia y la ciudadanía.
