Antes incluso que el intenso intercambio comercial y la estrecha relación de las economías de México y Estados Unidos, ningún tema es más importante y sensible que la regularización del estatus jurídico de los trabajadores migrantes en suelo estadunidense, así como el concomitante respeto a los derechos humanos de quienes son pilares del andamiaje de la nación que usufructúa su fuerza de trabajo.
Por eso, a la reunión virtual –vía una prolongada llamada telefónica de cara a la Cumbre de las Américas– entre los jefes de Estado de ambos países, el pasado 29 de abril, debe seguir la implementación de medidas de Estado con visión de largo plazo que resuelvan de fondo la problemática del fenómeno migratorio, más allá de las acciones punitivas y la cooperación de los gobiernos locales para blindar la frontera.
Eso significa apoyos reales para incentivar el crecimiento de la economía y la consecuente generación de oportunidades de empleo en el sur de México y en Centroamérica, especialmente en el llamado triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) de donde actualmente provienen los mayores flujos migratorios del continente.
Mientras se mantengan las disparidades abismales en los niveles de ingreso y estándares de calidad de vida entre la mayor potencia económica del mundo y los países de Latinoamérica, debido a la carencia de infraestructura productiva y fuentes estables de empleo en el sur, la emigración no cesará, así se erijan muros y se dupliquen los operativos de contención en la frontera de Estados Unidos con México.
Las cifras de detenciones y deportaciones, lejos de disminuir, se han disparado en la actual administración del vecino del norte, muy por encima de los mayores registros del anterior gobierno, cuando se creía que se había alcanzado el techo de las expulsiones sumarias y sin oportunidad de un juicio.
Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés), las personas que son detenidas no son retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito. De acuerdo con esa oficina gubernamental del gobierno federal estadunidense, desde marzo de 2020 se han enviado de regreso a México o a su país de origen 1.8 millones de migrantes, la mayoría a partir de 2021, con el inicio del nuevo gobierno. Sólo en febrero de 2022, último reporte mensual, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó más de 158 mil detenciones en la frontera sur, según datos de la propia agencia.
Esa cifra sin precedentes se debe, en buen grado, a la emisión de una orden ejecutiva de la administración Trump, conocida como Título 42, un formato neofascista por el cual el gobierno de Estados Unidos expulsa a migrantes en un esquema fast track y, de entrada, sin la oportunidad de solicitar asilo. Una orden emitida presuntamente por razones de salud pública dictada los primeros días de la contingencia sanitaria por covid-19, justamente en marzo de 2020, y que tenía como objetivo detener la expansión de la pandemia, como si los migrantes fueran agentes especialmente portadores y propagadores del letal virus.
La orden permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos y, lo más grave, fue ratificada y mantenida por la actual administración. A pesar de que el presidente Biden expresó que será retirada este mes, un juez federal de Louisiana ha ordenado mantener vigente esa medida mientras analiza el caso y emite una resolución definitiva, obviando el dato de que la tasa de propagación y letalidad del virus ha descendido sustancialmente por el alto porcentaje de población vacunada.
Sin embargo, lo más grave es la falta de regularización del estatus migratorio y, en general, el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales que laboran en ese país, nuestro principal socio comercial; una añeja asignatura pendiente que generó una gran esperanza de ser atendida y resuelta en una administración que anunció desde el principio un programa ambicioso para regularizar a 11 millones de personas, la mayoría de origen mexicano.
No obstante, lejos de procesarse esa reforma de avanzada en las cámaras legislativas de Estados Unidos, se han recrudecido los operativos de blindaje en la frontera y continúa el proceso de expulsión sumaria, al amparo de la citada orden administrativa, una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
Históricamente, los flujos migratorios responden a realidades económicas y sociales complejas. Debido a las dinámicas demográficas, está claro que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha tenido un repunte significativo este año de pospandemia, mientras la migración del triángulo norte de Centroamérica se ha disparado. La problemática migratoria afecta a México tanto en lo relativo a sus connacionales que emigran como en su condición de país de tránsito.
En suma, es importante revisar de manera integral en la próxima Cumbre de las Américas y en todos los foros la agenda de relaciones México-Estados Unidos, pero comenzando por el fenómeno migratorio; además de promover un libre comercio sin barreras subrepticias, acuerdos específicos para apoyar al más débil, seguridad fronteriza, cooperación auténtica en materia de salud y, sobre todo, respeto a los derechos humanos, sociales y laborales de los trabajadores migrantes.
