Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), Zona Centro, se acordó reactivar a un grupo de interlocutores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso de la Unión, a fin de analizar y estudiar la constitucionalidad de la facultad de los poderes legislativos locales para crear leyes contra el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
Como representante de la región referida, integrada por Hidalgo, estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, la funcionaria capitalina dio a conocer los avances de la reunión en la que participó la Fiscalía General de la República (FGR): Se propuso la creación de una plataforma digital, alimentada, consultada y compartida entre fiscalías y procuradurías generales de justicia, para registrar incidentes cibernéticos conocidos como grooming ( ciberacoso sexual infantil) con el fin de que contribuya a la detección y prevención de dicho delito.
Manifestó que para concretar esta iniciativa instruyeron al grupo nacional de analistas e información que analice la viabilidad de generar un sistema que permita registrar información sobre los perfiles de personas presuntamente acosadoras, perfiles falsos y cuentas relacionadas a ello, nombres, apodos, chats, formas de enganche, el modo de operar, vínculos con la delincuencia organizada y otros elementos que coadyuven en la investigación de esta conducta.
“Coincidimos en la importancia de crear unidades para la atención de víctimas y testigos, con la finalidad de brindarnos asistencia mutua que garantice las medias de protección a quienes estén relacionados con una averiguación previa o una carpeta de investigación en delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio, trata de personas, corrupción, secuestro y delitos de enriquecimiento ilícito, así como para localizar y notificar oportunamente a las víctimas y testigos que faciliten su comparecencia”. Se comprometieron a fortalecer la vinculación y colaboración en las diversas plataformas de Internet y redes sociales para fomentar la denuncia, prevenir, investigar y perseguir los delitos que se cometen por medios digitales, asuntos en los que la legislación y la procuración de justicia están rezagadas.
