A diferencia de lo que de manera cotidiana sucede ante bandas del crimen organizado e incluso pobladores violentos, un efectivo de la Guardia Nacional disparó en Irapuato, Guanajuato, contra un vehículo en el que viajaban estudiantes de Agronomía de la máxima universidad de ese estado, con saldo de un muerto, Ángel Yael Ignacio Rangel (19 años de edad) y una herida, Edith Alejandra Carrillo.

Los hechos sucedieron el pasado miércoles, antes de las 5 de la tarde y, de manera alentadora la propia Guardia Nacional puso a disposición de autoridades civiles al presunto autor único de los disparos, de nombre Iván. Pero ese gesto de plausible sometimiento militar a los procedimientos penales y administrativos ordinarios fue enfriado este sábado con la liberación del supuesto responsable, por orden de un juez federal que actuó a partir de la consignación hecha por la Fiscalía General de la República de un expediente por “homicidio calificado en grado de tentativa”, a pesar de la evidente consumación del homicidio, que no quedó en grado de intento.

Tal excarcelación, profundamente contrastante con el laberinto judicial que suele mantener durante años en prisión a imputados por delitos consumados, tentativos, imaginados o fabricados, fue impugnada de inmediato por la Universidad de Guanajuato. La Fiscalía federal, por su parte, ha anunciado que apelará la decisión liberatoria del juez. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno federal ha comunicado que, en este caso, asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos.

No debería haber margen de duda para el mantenimiento del guardia Iván en prisión. La propia Guardia Nacional, en comunicado oficial, aseguró que, al realizar “reconocimientos disuasivos sobre un ducto de Pemex” en Irapuato, fueron vistos dos vehículos estacionados “en un camino de terracería sin poder identificar a los ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre ”.

Tales “motivos”, absolutamente impropios de una institución integrada mayoritariamente por militares y comandada por ellos, supuestamente entrenados para enfrentar situaciones más estresantes, pero, en realidad, para exterminar al “enemigo” sin más consideraciones, desembocaron en que, “derivado de lo anterior, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada”.

A pesar de esa narrativa claramente inculpatoria por parte del mando de la corporación (https://bit.ly/3y18jDs), la fiscalía federal consideró el homicidio en grado de tentativa y, con ese dislate, se abrió la puerta judicial para la excarcelación del guardia Iván.

Este privilegio castrense, aun cuando el proceso continuará y podrá derivar en una sentencia en su contra, muestra la disparidad de varas de la “justicia” en casos civiles y militares. Una muestra, además, del peligro que entraña el creciente empoderamiento (político y empresarial) de los militares.

Astillas

Mazamitla es un lugar turístico de Jalisco donde ayer hubo bloqueos carreteros y disparos de armas de alto calibre en las inmediaciones de la concurrida cabecera municipal. Quedaron tres muertos, según la contabilidad oficial, siempre a la baja. El gobernador Enrique Alfaro, que había estado en un torneo de golf en Puerto Vallarta, horas después de los sucesos reportó que volvía la calma, ¿por cuánto tiempo?... El primer beisbolista del país dijo ayer respecto a su equipo, 4T: “vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza”... Y, mientras ayer, en Hidalgo, Ebrard escuchaba el coro de “¡Presidente, presidente¡”, ¡hasta mañana!”

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